El Congreso aprobó a mediados de enero una ley con la cual disminuye la pena, incluso por debajo del mínimo previsto, a aquella mujer sentenciada que se encuentre en estado de vulnerabilidad por pobreza, por tener bajo su responsabilidad el cuidado y la manutención de familiares dependientes, por discapacidad o por ser víctima de violencia de género, cuando esas circunstancias hayan influido en la comisión del delito por el cual se le juzgó.
Entiendo el espíritu del legislador, que, según mi criterio, desea proteger a toda mujer que por su estado haya tenido que incurrir en un hecho delictivo o porque un tercero, aprovechándose de ella, la haga cometer un delito. Podría ser un indicador más de seguir trabajando por erradicar todo acto de violencia y discriminación contra las mujeres, aspecto válido en la sociedad e indiscutible.
Sin embargo, como abogado me preocupa que esas mujeres se conviertan en blanco del crimen organizado o del común; pues si se les atenúan las penas podrían ser ellas a quienes busquen para sus propósitos, pues la sanción sería insignificante, sin daño para la estructura delictiva.
En hora buena que se garantiza la protección de la mujer en todo el sentido de la palabra; sin embargo, el juez debe ver este asunto con cautela, no vaya a ser que favorezca a quien delinque y, lamentablemente, la mujer siga siendo una víctima más y en lugar de resguardarlas las estemos haciendo más propensas a ser utilizadas para la comisión de hechos delictivos.
Estoy seguro de que ese no es el espíritu de la norma y confío en que actuemos como vigilantes de la aplicación correcta en beneficio de una mejor calidad de vida y de un espacio seguro para los costarricenses.
En aumento. En el 2018, hubo 119.910 aprehensiones; 8.093 eran mujeres y 111.817, hombres; las principales causas fueron tenencia y consumo de drogas, violencia doméstica y delitos contra la propiedad. Basta con ver, además, cómo con el pasar de los años cada vez más mujeres resultan condenadas.
Según informes de la Sección de Estadística del Poder Judicial, en el 2008, de las 323 mujeres condenadas, persistieron tres delitos que concentran la mayor cantidad: estupefacientes (126), contra la vida (80) y contra la propiedad (60).
Similar fenómeno se dio en el 2010: los tres delitos más destacados en los que se registraron las condenas dictadas en contra de mujeres fueron contra la propiedad (171), infracción a la ley de psicotrópicos (145) y contra la vida (81).
La tendencia al alza se mantuvo en los años siguientes, al igual que los grupos delictivos con mayores condenas: por estupefacientes, contra la vida, contra la propiedad.
Estas cifras evidencian que, aunque en menor medida que los hombres, hay mujeres dedicadas a delinquir, que va al alza en la comisión de hechos delictivos y podría incrementarse si el cabecilla se vale de la normativa para atraer mujeres que no resulten condenadas o reciban sanciones muy bajas.
Es esencial que se considere cada caso para que la mujer no termine siendo una víctima más del crimen organizado o de la delincuencia común, y en lugar de protegerla se le esté dejando en un estado de mayor fragilidad.
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El autor es abogado y periodista, director de carrera en la UACA.