Silvia Hernández Sánchez. 17 enero

Nuestro pequeño país ha sabido mantener a lo largo de la historia una vigorosa democracia, aunque plagada de adversidades. Los inicios de nuestra vida independiente se forjaron en las enormes carestías que representaba ser la provincia más alejada de la capitanía, sin acceso a mercados y con poca mano de obra. No había más posibilidad que forjar una economía de supervivencia a base de granos, carne, café y banano.

Los pequeños excedentes supieron invertirse en capital humano en el siglo XIX, y en el XX se dieron los más aventurados emprendimientos en el sector público, los cuales permitieron sortear la poca escala de nuestra economía para alcanzar las inversiones que, de otra manera, no habrían podido derivar en el crecimiento económico y poblacional posteriores.

Cuando no hay claridad en lo que se quiere, es complicado llegar a buen puerto

Al crear el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), fue posible electrificar al país con una matriz energética limpia y renovable cuyos réditos son muchos, tanto en lo económico como en lo ambiental. De igual manera, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), abasteció de combustibles a toda la nación en relativas buenas condiciones, refinados por costarricenses y consiguiendo precios “mayoristas” en el exterior.

El arrastre de la economía de la mano de sus monopolios públicos en los años 70 se quiso replicar en Limón al fundar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Sin embargo, la apuesta por un “desarrollo económico” ordenado fue la mampara utilizada para consagrar un modelo excluyente, de “arriba hacia abajo”, donde el desarrollo económico empieza y termina en los funcionarios de Japdeva, quedando meras sobras para el resto.

Gangrena. Curiosamente, el modelo de Japdeva generó una gangrena que contagió al ICE y a Recope. Los monopolios públicos pasaron de ser el arrastre de la economía a convertirse en su principal lastre, con sindicatos, fuertes mandos medios y una cultura adversa al cambio que nos ha condenado al pasado.

El ICE posee un gran cantidad de personal administrativo, los ingresos del sector telecomunicaciones van en caída y su fuerte sindicato le impide recortar donde hay grasa e invertir donde hay músculo.

Con el ICE o sin él, el país necesitará invertir en una red de transmisión inteligente a fin de incorporar toda la capacidad existente en energías renovables para hacer al país competitivo dejando la mínima huella ambiental.

Pensando cómo ampliar sus convenciones colectivas, Recope dejó de refinar, y son los “títulos de propiedad” del poliducto su valor de mercado más significativo.

La administración de Recope es tan pobre que le impide al país cubrirse del enorme riesgo cambiario que subyace detrás de la factura petrolera, pues, tranquilamente, traspasa a tarifas el vaivén cambiario.

Claridad. Cuando no hay claridad en lo que se quiere, es complicado llegar a buen puerto. Lo primero que debe hacerse para revertir el lastre y revivir el arrastre del pasado, aun con los monopolios públicos mencionados, es tener claro cuál debe ser su función. ¿Queremos que el ICE sea una agencia de empleo o artífice de la red de transmisión inteligente del siglo XXI? ¿Queremos mantener las convenciones colectivas de Recope sin importar su valor agregado o una administración inteligente para su poliducto y que se dedique a hacer compras al por mayor? ¿Queremos que las rentas que genere la provincia de Limón sigan siendo administradas por una argolla o establecer criterios para distribuirlas entre toda la provincia?

Si queremos lo primero de cada una de estas preguntas, sigamos como estamos. Si es lo segundo, debemos, entonces, cambiar la forma como se han venido haciendo las cosas. Una posibilidad, de acuerdo con lo propuesto por el economista Dag Detter en sus escritos, es crear un fondo que mantenga la propiedad pública, pero se guíe por principios e incentivos esperados de una empresa privada. De esta forma, se obtiene el mejor de los mundos: monopolios públicos que arrastren, en lugar de generar un lastre en la economía.

La autora es diputada.