EscucharComo representante del sector pesquero de Costa Rica, no puedo más que sentir consternación por la forma como se maneja en el país la información sobre la pesca.
Desde hace años, se viene identificando la pesca en Costa Rica con el desaleteo de tiburones, práctica cruel realizada especialmente por embarcaciones orientales y de la que tampoco han escapado algunos pescadores nacionales.
Desde hace ya varios años, la Cámara de Palangreros de Costa Rica se involucró de forma responsable en la aceptación, en todos sus alcances, de las regulaciones de la pesca de tiburón, para un manejo sostenible del recurso, tutelado y supervisado por las autoridades nacionales.
Tres mitos. Lamentablemente, existen organizaciones sin fines de lucro que están desprestigiando a Costa Rica y al sector pesquero, mediante la transmisión de mitos sobre esta práctica.
Les comparto los tres principales mitos que han acaparado la atención de la prensa y que han sido promovidos por ONG en los últimos días sin un sustento verdadero.
Mito 1: La pesca y la comercialización del tiburón están prohibidas en Costa Rica. Falso. Es una actividad regulada y supervisada, pero no prohibida, salvo en aquellas especies en las que acuerdos internacionales lo establecen.
Sobra decir que la pesca del tiburón con fines comerciales es realizada por pescadores nacionales que colocan su principal producto, la carne, en el mercado nacional o extranjero. Pero también hay subproductos: cuero, cartílago y aletas.
Mito 2: La exportación de aletas de tiburón, así como de cuero o cartílago, está prohibida en Costa Rica. Falso. Si fuera así, solo se podría vender la carne, y el resto –los subproductos– tendría que botarse, lo cual es totalmente irracional, dado que tienen un valor de mercado, y estaría en contra de todos los lineamentos sobre la pesca y el Código de Conducta de la Pesca Responsable de la FAO, del cual Costa Rica es suscriptora.
Mito 3: La pesca de tiburón no está regulada. Falso. Absolutamente todas las descargas de barcos pesqueros en Costa Rica son supervisadas por autoridades del Gobierno.
No es cierto que no existan registros de trazabilidad. De hecho, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), los exige a las plantas comercializadoras. Tampoco es cierto que el Incopesca “se hace de la vista gorda” ante esas descargas. En su totalidad, se verifica que los tiburones lleguen con sus aleta adheridas al cuerpo y que el barco supervisado no haya incurrido en prácticas de desaleteo. El control que se realiza es riguroso, muy a pesar de que algunas ONG crean lo contrario.
El sector pesquero sabe de la necesidad de trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno en la protección de las especies. Necesitamos el recurso para seguir ejerciendo la actividad, la cual hemos realizado toda una vida y de la que somos los primeros beneficiados.
Sabemos que las buenas prácticas aseguran el futuro de la pesca. Por eso, solo pedimos que nos dejen cumplir nuestra labor apegados a la ley.
El autor es representante del sector pesquero nacional.
