20 agosto, 2015

La ministra de Justicia respondió el 14 de agosto a un artículo mío publicado en esta misma sección, en el cual puse en evidencia errores conceptuales, confusiones técnicas y falacias argumentales de los minimalistas en materia penal.

Dije que así como la actual ministra los minimalistas promueven las penas bajas y un tiempo máximo de permanencia en la cárcel que no exceda los 25 años. En Costa Rica, este “techo” se ubica en los 50 años.

Del artículo de la ministra por lo menos se desprende un logro importante, pero insuficiente. No habla ya de “una pena máxima de 50 años” –que no existe en Costa Rica–. Habla correctamente de “50 años como tiempo máximo de reclusión”.

Aunque es un avance, no deja de ser comprometedor que un abogado que no es experto en derecho penal, como sí lo es ella, tuviera que hacerle ver el error conceptual para que la ministra rectificara, así fuese implícitamente.

La jerarca defiende su postura minimalista en materia penal porque igual que ella piensan el italiano Luigi Ferrajoli y el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, juristas que, a diferencia del Papa para los católicos, no son infalibles.

Pero ella no tenía que haber ido tan lejos para encontrar opiniones igualmente válidas que, sin embargo, difieren de su afirmación de que un tiempo máximo de permanencia en la cárcel de 50 años es inconstitucional.

Hubiese bastado con que leyera las resoluciones y criterios reiterados de la Sala Constitucional, la Sala Tercera y la Procuraduría, órganos constituidos o representados por profesionales en derecho, tan capaces y respetables como sus íconos argentino e italiano.

Pero al parecer para la ministra es más válida la opinión de Ferrajoli y Zaffaroni que la jurisprudencia constitucional y los criterios técnicos y doctrinarios expuestos por la Sala Tercera y la Procuraduría. Este último, órgano técnico asesor de nuestra Sala Constitucional.

No deja de ser irónico que la ministra se queje de que a los minimalistas se les diga minimalistas. Afirma que eso es reduccionismo. Pero tiene corta memoria porque, entrevistada en una radioemisora nacional –en el programa Matices – fue ella, en su condición de ministra de Justicia, la que redujo la discusión a simples etiquetas, pues calificó a quienes abogan por penas altas de “populistas punitivos”. ¿Lo recuerda?

La realidad es concreta. La jerarca dijo en su artículo que la discusión sobre el tiempo máximo de permanencia en la cárcel y el análisis del cumplimiento real de las penas deben mantenerse en niveles diferentes.

De esta forma, propone que discutamos en abstracto las penas y el tiempo máximo de permanencia en la cárcel y, en otro plano, el cumplimiento efectivo de las condenas.

La realidad en nuestro país es que, al margen de cuáles sean las penas, la imposición de un techo, el descuento del dos por uno, el medio de la pena y el tercio de la pena hacen que la mayoría no permanezcan en prisión todo el tiempo al que fueron condenados.

Por ello, para los minimalistas es mejor discutir en abstracto para obviar que, en muchos casos, la realidad concreta del cumplimiento de las penas es una burla.

Se alarma la ministra porque el Estado contemple la posibilidad de una permanencia de 50 años en la cárcel y afirma que ese es el meollo del debate. Si una persona es inocente no tiene por qué ser condenada y no debería permanecer ni un minuto en la cárcel, pero si es culpable debe cumplir el tiempo de la pena.

Pero esta no es la cuestión de este debate. Lo que se discute es el valor que la sociedad y el Estado le dan a la vida y a la dignidad e integridad física de las personas. Dependiendo del valor que les demos así serán las sanciones.

He visto muchos homicidas salir de prisión, pero nunca a una víctima salir del cementerio. Si hay pena perpetua es para la víctima y sus deudos, no para el victimario.

El centro de la cuestión es la protección de los bienes jurídicos más valiosos que tenemos como seres humanos y el valor que les damos. Pero para la ministra, según ella misma dijo en su artículo, el meollo es cuánto tiempo debe permanecer el victimario en la cárcel.

Sistema en pedazos. La ministra, en su cruzada minimalista, se preocupa por reducir el tiempo máximo de permanencia en la cárcel del 3,6% de los condenados a 25 años o más –cifras del 2013–, y no dice nada de la situación del restante 96,4%, que cumplen penas inferiores.

Bien haría ella en lanzar una cruzada para poner nuestro sistema penitenciario –que funciona bajo su responsabilidad– en condiciones de, al menos, respetar los derechos humanos de todos los internos para quienes una permanencia no de 50 años sino de 15 días es un auténtico viaje a los infiernos.

En este sistema, cada minuto se violan los derechos humanos de los internos. Esa sería una buena cruzada para la ministra, empezando por asegurar una eficiente y transparente ejecución del contrato de préstamo con el BID que, según denuncias del diputado Mario Redondo Poveda, se ejecuta como “piñata”.

En esa cruzada por los derechos humanos de los encarcelados quizá no la acompañen Ferrajoli y Zaffaroni, pero sí todos los costarricenses, incluidos los que ella una vez redujo a la categoría de “populistas punitivos”.

Gerardo Vargas Rojas es diputado por el Partido Unidad Social Cristiana.