Sin duda, la publicación de los resultados de los últimos exámenes de incorporación al Colegio de Abogados debe llamarnos a la reflexión. La vía más fácil es caer en el maniqueísmo acrítico y cargarle el guante solo a los tirios.
En primer lugar, se debe reconocer que hay universidades que en el campo del Derecho no están haciendo las cosas bien, y esto se puede visualizar al establecer las frecuencias de los resultados del examen en sus diversas ediciones. Casi siempre las mismas ocupan los primeros lugares, la tabla media y su parte inferior. Tienen un problema por resolver.
La barra. En los países donde hay exámenes habilitantes, como en Estados Unidos, la “barra” constituye una prueba para cualificar que un abogado quede autorizado para el ejercicio de la profesión, se construyen pruebas que no son, estrictamente, académicas, sino de idoneidad profesional y están acordes con la cultura jurídica del país.
En Costa Rica existe la tendencia en algunos colegios profesionales a introducirlos. El Colegio de Abogados ya lo hizo.
La prueba debe estar orientada a medir idoneidad para garantizarle al público el correcto ejercicio de la profesión; si se aparta de ese fin, se desnaturaliza. Una prueba que pretenda imponer perfiles profesionales (algo ajeno a los colegios profesionales, pues esto le corresponde al Estado, según los artículos 79 y 84 de la Constitución, y los colegios son entes públicos no estatales), o que pretenda disminuir la cantidad de profesionales para deprimir la competencia (según el acta 44-07 de la sesión de Junta Directiva del Colegio, la prueba debe ser un filtro), o que técnicamente no esté bien elaborada, y sin las garantías correspondientes, puede dar resultados equívocos.
Respaldo. La Asociación de Rectores de las Universidades Privadas (Unire) ha respaldado los exámenes de incorporación. Cuando se discutió el reglamento del examen de incorporación del Colegio de Abogados, Unire solicitó que se hiciera con garantías para no desnaturalizarla. Solicitó, entre otras cosas, que las pruebas se hicieran solo dentro de los programas oficiales, que las pruebas fueran para generalistas, no para especialistas; que las comisiones técnicas que las elaboraran fueran paritarias (procedentes de universidades públicas y privadas, para salvaguardar su neutralidad), que el Colegio contratara un curriculista, que los estudiantes fueran identificados por número y no por nombre ni por universidad de procedencia, y que la pruebas fueran validadas por un ente independiente, como la Ceneval. Estas garantías fueron rechazadas. Si en la práctica alguna de ellas se ha incorporado resulta irrelevante mientras no haya norma vinculante.
El diseño de la prueba debe reconsiderarse. En un país en donde la cultura jurídica tiende a la oralidad y el análisis, una prueba escrita memorística difícilmente puede garantizar la idoneidad, como tampoco la garantiza si hacen preguntas (ha habido casos) sobre normas derogadas o con preguntas de selección múltiple ambiguas. El solo hecho de que la prueba no cumpla con el estándar Gauss (ni para universidades públicas ni privadas) deslegitima el instrumento de medición
Diálogo. Otro aspecto que hay que considerar es que los problemas se resuelven dialogando, concertando, negociando. El Colegio ha privilegiado la reconvención. El año pasado, en una comisión mixta del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) y Unire, se concertó el delicado asunto del modelo tarifario. La experiencia fue exitosa y ahora el país cuenta con este instrumento.
Cuando Unire y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) han trabajado juntos, han avanzado en muchas áreas, tanto de procedimientos como de promoción de la calidad. Es concertando como se puede avanzar.
Hasta el 2014 operó la Comisión Mixta Colegio-Universidades (públicas y privadas) y se avanzó en el desarrollo de medidas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza del Derecho, que es lo que realmente interesa. Esa Comisión se desintegró.
Acreditación. Por otra parte, el Colegio no ha incentivado la acreditación de las carreras de Derecho. El único órgano estatal competente para certificar la calidad de una carrera es el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), no los colegios profesionales. Una discriminación positiva, que además reorientaría la demanda de las universidades, sería por ejemplo, eximir a los estudiantes graduados en carreras acreditadas de la prueba de ingreso.
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El objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza del Derecho puede encontrar diversas vías, pero es la vía asertiva y proactiva la que puede rendir frutos. ¿Qué beneficios ha tenido la vía reactiva?
Son varias las instituciones públicas y privadas que debemos sentarnos a resolver el problema; tirios y troyanos deben converger. Autocríticos debemos ser todos. La Facultad de Derecho de la UCR, Unire (que representa al resto de la escuelas de Derecho), Sinaes y el Colegio tienen la palabra, pues de manera unilateral no es posible avanzar. Este problema hay que resolverlo con las universidades y no contra ellas.