EscucharDos meses después de iniciado el nuevo gobierno, entre las prioridades destaca, por sobre todo lo demás, el déficit fiscal y, luego, el desempleo, la economía, la inseguridad ciudadana, la infraestructura, la pobreza, las presas, las listas de espera, las falencias en educación y, ¿por qué no?, la corrupción galopante “heredada” que permea todos los poderes de la República.
En su afán de dar pasos para resolver la prioridad, que depende de la Asamblea Legislativa, el presidente, en un gesto de humildad, nos ha solicitado a todos poner “un granito de arena”.
Creo que, al menos, se impone un sucinto análisis del problema y, en ese sentido, he leído y escuchado voces autorizadas, valga decir, al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; a la contralora, Marta Acosta; y a columnistas y articulistas habituales en medios de comunicación.
Me siento confundido: la contralora, con el garbo que la caracteriza, nos dice que “la reforma fiscal es insuficiente, pero impostergable”. Me hace pensar que hay que aprobarla y prepararnos a esperar que se presente, en un futuro casi inmediato, un proyecto más integral.
Por otro lado, Fernando Araya, cuya opinión me merece mucho respeto, en un reciente artículo, opina lo siguiente: “Un ajuste fiscal a medias, como el que está en el Congreso, es tan negativo como no hacer ninguno”, lo cual me da la impresión de que sería como echar agua en un canasto.
Contrariedad. Hasta aquí, nada garantiza la contracción del gasto, la eliminación de prebendas en convenciones colectivas y los sueldos y pensiones de lujo. Más recientemente, la ministra de Hacienda anunció un plan para reducir instituciones, cuando ya existe un proyecto en ese sentido, del exdiputado Ottón Solís, y en su momento no fue acogido; menos mal que un legislador actual intenta retomarlo a ver qué suerte corre.
Lo que realmente me angustió fue la expresión del sacerdote Edwin Aguiluz, secretario de Caritas Costa Rica, quien representará a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como garante en las negociaciones entre el gobierno y los gremios.
En una entrevista, declaró: “Si las medidas se toman unilateralmente, sin tomar en cuenta a sectores como el movimiento social, lo que se avecina es convulsión social, y eso hay que evitarlo”.
Me genera igual confusión el propósito y la notabilidad de los notables, ejercicio trasnochado cuya más reciente versión nada produjo y, entre los cuales están el autor del llamado “memorándum del miedo”, pensionados de lujo y alguno que está demandando para que no le afecten ese privilegio, políticos y exjerarcas de gobiernos anteriores con gestiones insípidas, hasta quien reconoció como “juicio justo” la condena por estafa mayor a su partido.
LEA MÁS: Entre líneas: Responsabilidades históricas
Por otro lado, tomo de una publicación reciente de este matutino, lo siguiente: “El presidente Carlos Alvarado consideró que quienes agitan la discusión sobre el aborto terapéutico están distrayendo al país de la atención de los problemas prioritarios”.
E igual distracción, pienso, produce la discusión del matrimonio igualitario e incluso de los Programas de Afectividad y Sexualidad del MEP. Nótese que de esta última materia ya ni se habla y dudo que haya capacidad de medir el impacto en los educandos. En fin, considero que estos asuntos no son prioritarios dado el estado del país.
El autor es contador.
