EscucharCiertamente las mejores condiciones internacionales para el país, en los últimos semestres, se van disipando. Lo que hemos perdido: bajos precios de bienes tan importantes como los hidrocarburos, entre otros comodities, bajas y estables tasas de interés internacionales, oferta de financiamiento y disponibilidad de organismos internacionales, expectativas de crecimiento de los países cercanos y lejanos, inversiones y calificaciones estables y favorables para la atracción de inversiones, tipo de cambio casi fijo y precios internos estables, entre otros.
También, en los años anteriores, se forjaron algunas expectativas nacionales que prometían el impulso de agendas políticas para desentrabar asuntos de importancia como el fiscal, que han ido muy lentamente, para decirlo con mucha suavidad.
Ya avanzado el 2016, las noticias de deterioro de estas condiciones comenzaron a acumularse. Comento cinco.
La primera fue la disipación de la baja en los precios internacionales y un cambio en la tendencia de los precios del petróleo. La siguió el anuncio de los organismos internacionales de que no continuarían su política de financiamiento del país (se esperaban $1.000 millones para el 2016), pues no encontraban avances en la solución del déficit fiscal; la tercera es la baja en la calificación del riesgo del país por parte de una agencia adicional de calificación.
La cuarta son las noticias que van concretando las posiciones y acciones del gobierno de Trump en materia de deportaciones e incentivos para el traslado de empleos en nuestros países hacia los Estados Unidos.
La quinta es el anuncio de la Fed (banco central de Estados Unidos) de un nuevo incremento en la tasa de interés de referencia.
La calificación del riesgo del país empeoró con la baja hecha por una segunda agencia y, además, la próxima calificación tiende a empeorar. Hace pocas semanas una tercera calificadora nos mantiene en un nivel de puntuación semejante al que nos dieron las otras dos calificadoras. Esto tiene particular interés porque la calificación de riesgo de un país es una señal muy clara de peligro para los inversores que tienen que comprar títulos costarricenses.
El efecto de una baja calificación en el riesgo del país, o de una expectativa de baja de la calificación, es presionar los rendimientos que los inversores van a exigir para comprar los títulos nacionales. Esto significa que las condiciones financieras empeoran para el país, lo que se suma al incremento de las tasas internacionales. Habrá mayores costos para servir o pagar la deuda.
El título de un texto sobre nuestra región, recién publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, resume este deterioro de las condiciones de una manera precisa: Cuando los vientos a favor se agotan (se consigue en Internet). Esto antes de la toma de posesión y estreno de Trump, lo que nos da un entorno turbulento y con mayores riesgos como los mencionados en anteriores columnas.
Nuestra preparación. Tendríamos que estar preparándonos para un tiempo sin viento de cola, en el que además se anuncian tormentas, corrientes fuertes y turbulentas.
Se destacan dos grandes desafíos de largo origen en el ámbito de la gobernabilidad: la dificultad en la formación de consensos políticos amplios y duraderos para el avance de las reformas económicas e institucionales, lo cual se traduce en una casi plena incapacidad de adaptar las instituciones; y la coexistencia de un Estado “fuerte” en términos de sus responsabilidades –y expectativas sociales–, pero débil en relación con sus capacidades. Una gran distancia entre expectativas, derechos reconocidos y capacidades nacionales para hacer entrega de servicios de calidad y facilitar la competitividad.
Ambos desafíos se han venido perfilando mientras se produjo un cambio en la estructura productiva del país, que transformó el mapa de la economía política: nuevos sectores, nuevos repartos y también la presencia de nuevos pujantes actores (empresas transnacionales) y un proceso muy robusto de concentración de la riqueza y del ingreso.
Llevamos muchos años de tensiones y de tira y encoje por el reparto de posesiones y posiciones, lo que ha debilitado los vínculos de representación entre actores sociales y partidos.
Resultaba casi natural en nuestra sociedad cierta cercanía y correspondencia entre sociedad organizada y partidos políticos, por ejemplo, organizaciones de trabajadores. Hoy estas relaciones son débiles en el mejor de los casos, o directamente de conflicto.
Pero también se ha ampliado la independencia del sector descentralizado respecto del poder político de turno. El Estado no logra articular acciones que involucren a algunas instituciones necesarias para enfrentar un problema.
Ni la sociedad, ni el Estado, ni el sistema político logran identificar una visión común, ni establecer un derrotero, una hoja de ruta compartida.
Lo pendiente. Como resultado, en los últimos años el sistema político ha incrementado el stock de cuestiones importantes pendientes de decisión: reforma fiscal, reforma política (financiamiento de partidos, leyes electorales) y reforma del Estado. No logramos actuar incluso ante asuntos tan urgentes y reconocidos como la modernización de la red vial.
Estas grandes decisiones pendientes elevan la complejidad de la agenda política y dificultan aún más la posibilidad de avanzar “tema por tema”. El lento avance en materia de reformas limita las capacidades del Estado frente a un creciente marco de responsabilidades y en un entorno turbulento.
¿Cómo agregar eficacia al sistema político sin perder los atributos centrales del modelo democrático costarricense?
La mesa está servida para un acuerdo nacional. ¿Estarán dispuestos los comensales? ¿Algunos preferirán tratar de ganar un poquito en un contexto de pérdida de todos?
El autor es economista.
