EscucharClientelismo. Corporativismo. Amiguismo. Compadrazgo. Tráfico de influencias. Conflicto de intereses. Capitalismo de amiguetes. Estos términos describen la cotidianeidad del quehacer político y económico de nuestro país. Ese es el pesado lastre que nos impide progresar.
En la literatura económica se habla de rentismo, o la conducta de búsqueda de rentas ( rent seeking behaviour ), cuando las personas, gremios o empresas procuran incrementar su porción de la riqueza sin producir nueva riqueza.
La única manera de lograrlo es extrayendo rentas de otras personas o sectores, y esto usualmente se logra de la mano de un Estado cómplice y complaciente. Los conceptos enumerados en el párrafo anterior representan mecanismos para lograr esa extracción de riqueza. El rentismo en Costa Rica asume diferentes formas y tiene muchas caras.
Aunque el rentismo no es un problema nuevo, con el paso del tiempo ha alcanzado proporciones epidémicas. Los problemas de ingobernabilidad que llevaron a la desaparición del bipartidismo son, en buena medida, producto del rentismo prohijado por los propios gobiernos de esa era. Lamentablemente, “el gobierno del cambio”, primero de un partido distinto de los que han dominado la escena política en los últimos 35 años, no lo comprendió así, y continuó por la misma senda de sus antecesores.
Serio problema. Ejemplos específicos de rentismo abundan en Costa Rica: desde los sindicatos que demandan salarios más altos, pensiones juveniles, anualidades más gordas y otros privilegios a cambio de menos horas de trabajo o la negativa a someterse a la examinación de su desempeño, hasta las empresas exportadoras que presionan por un tipo de cambio artificial que les permita obtener más colones en la venta de su producción, las que cabildean para obtener privilegios en la forma de aranceles proteccionistas o arreglos cuasimonopólicos para sus mercados, o los autobuseros que amenazan con hacer un paro nacional para impedir la aprobación de una metodología tarifaria que vendría a corregir los errores de la que está en vigor.
El rentismo se convierte en un serio problema cuando los agentes económicos encuentran un gobierno receptivo a sus demandas y actúa para permitir la transferencia de recursos (riqueza) de los ciudadanos –usuarios y consumidores de los bienes y servicios– hacia los grupos de presión, sean estos sindicales o empresariales. Por lo general esto se traduce en precios más altos que pagamos todos los costarricenses.
Cuasimonopolios. Mercados enteros operan bajo esquemas de organización cuasimonopólicos. En la mayoría de los países desarrollados, la colusión es considerada delito, pero en nuestro país es promovida por la ley. Es el caso del arroz y del azúcar, que a través de Conarroz y de Laica reúnen a los productores para extraer rentas de los consumidores.
En ambos casos se argumenta la necesidad de proteger a los pequeños productores. Sin embargo, como lo demostré en un artículo anterior (“Póngale azúcar al privilegio”, 29/2/2016), la mayor tajada del pastel se la llevan unos pocos grandes productores.
Según cálculos de mi colega Ricardo Monge, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, más del 90% del subsidio arrocero –que sumó $190,4 millones en el 2012– termina en manos de los grandes industriales y productores.
Altos aranceles. Otros sectores gozan de protecciones arancelarias que impiden importar de otros países productos similares más baratos. Pollo, frijoles, carne de res y de cerdo, leche, y por supuesto arroz y azúcar, cuentan con la protección de altos aranceles, y usualmente han sido excluidos de los tratados de libre comercio, o se les han dado plazos especialmente largos para completar la desgravación.
Al firmarse el TLC con Estados Unidos en el 2006, el arancel del pollo llegaba hasta 150%, y se mantuvo intacto durante diez años. No fue sino hasta el presente año cuando empezó a disminuir, y deberá llegar a cero en el 2022. El arancel de la leche llegaba al 65%, y su desgravación se llevará hasta el 2025.
En la mayoría de los casos, los beneficiarios son enormes corporaciones que no deberían estar recibiendo subsidios del Estado. El principal distribuidor de pollo –la carne más consumida en Costa Rica– es Cargill, una multinacional con ventas anuales de más $120.000 millones.
En nuestro país es propietaria de las marcas Pipasa, Cinta Azul y Ascan (de comida para perros), y tuvo una participación en el mercado local del 65% en el 2012.
La empresa dominante en el mercado lechero, Dos Pinos, tiene ventas en el orden de $800 millones anuales, y procesa alrededor del 85% de la leche que se consume en el país. Por ser una cooperativa, no paga impuesto sobre la renta, a diferencia de sus competidores y de empresas de similar o menor tamaño de otros sectores. Eso, por supuesto, además de la enorme ventaja que le otorga el arancel.
En el último mes y medio Costa Rica se ha visto inmersa en una guerra comercial con Nicaragua, cuando el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) impidió la importación de leche proveniente de una fábrica de la empresa mexicana Lala ubicada en el país vecino, y su contraparte nicaragüense ripostó cerrando sus fronteras a toda la leche costarricense.
Días después, Lala anunciaba su entrada al mercado tico, habiendo comprado la fábrica de leche de Florida Bebidas, fabricante de la marca Mú.
Es más que razonable preguntarse, ante la coincidencia de eventos, si nuestro gobierno está usando las medidas fitosanitarias y de salud animal para restringir el comercio y cuidar los intereses de un productor nacional, en detrimento de los consumidores.
Protección. Y ya que hablamos de Florida Bebidas, una división de la Florida Ice and Farm Company, hablemos de uno de los casos más curiosos de protección arancelaria. Florida es una empresa nacional con ventas en el orden de 623.000 millones de colones en el 2015, y por mucho tiempo tuvo un virtual monopolio sobre el mercado cervecero.
No siendo este un producto estratégico bajo ningún criterio, no deja de sorprender que al día de hoy sigan existiendo aranceles e impuestos específicos que elevan la carga de importar cerveza hasta en un 81%, dependiendo del país de origen.
La cerveza ha sido excluida de los TLC con la comunidad de países del Caribe (Caricom) y República Dominicana, y goza de un plazo de desgravación de 16 años en el TLC con Chile. ¿A quién protege la protección?
La lista es mucho más amplia de lo que el espacio me permite desarrollar. El mercado cementero es un duopolio que encarece la construcción. El mercado eléctrico es un monopolio estatal y su costo está estrangulando a la industria. El de los hidrocarburos es otro monopolio estatal con un impuesto que representa cerca de la mitad del precio que pagamos por los combustibles y una convención colectiva de escándalo.
El sector público se ahoga entre una planilla sobredimensionada que entorpece, y unos privilegios que encarecen, todos los procesos productivos. El transporte público es más caro de lo necesario y el poder de los transportistas es inversamente proporcional a la calidad del servicio.
Y como ya vimos, muchos productos de primera necesidad, y los de lujo también, son más caros por la existencia de monopolios, duopolios y oligopolios legales y toda clase de aranceles.
No nos extrañe, entonces, la percepción generalizada de que Costa Rica se ha vuelto un país muy caro para vivir. Y menos aún nos puede extrañar que toda propuesta de reforma muera en el intento.
Los intereses creados existen, en buena medida, porque como sociedad hemos decidido proteger a todos sin darnos cuenta de que los beneficiarios son unos pocos, pero poderosos. Es hora de cambiar el paradigma.
El autor es economista.
