Hace 50 años nació el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a la vida costarricense. Se resellaba así el Estado social de derecho de la Segunda República, es decir, se renovó la promesa de garantizar el mayor bienestar posible para toda la población, y cuidar, particularmente, los derechos humanos de las poblaciones más desfavorecidas de la sociedad.
Para una familia en situación de pobreza afectada por el incumplimiento sistemático de sus derechos fundamentales, como la alimentación, el vestido, el techo, la salud o la educación, el IMAS ha sido mucho más que asistencia o protección social. Ha sido, históricamente, un puente en el que se camina hacia el desarrollo humano.
La Ley 4760 fue visionaria al plasmar un marco normativo que trascendiera los insuficientes gestos de caridad y que, al mismo tiempo, se apartara del paradigma paternalista de la época. Fue así como se delineó una atención basada en derechos humanos, y puesta en práctica mediante intervenciones orientadas a la movilidad social ascendente de las familias, sin limitarlo a quienes tenían un empleo formal.
El IMAS no ha vestido un ropaje de época, entendiendo que evolucionar no es perder el rumbo si se camina sobre principios. Desde 1971, el IMAS se ha orientado hacia cinco pilares de su modelo de atención integral, materializado en la Estrategia Puente al Desarrollo: la vinculación del programas de protección con las acciones de estímulo y capacitación para el empleo; la convicción de que la educación, apoyada también por Avancemos y Hogares Conectados, es la estrategia de movilización social por excelencia; un enfoque de inclusión económico-productiva, que privilegia el trabajo con mujeres jefas de hogar y organizaciones comunales; la cogestión y acompañamiento de una persona profesional del área social, como apoyo determinante en la ruta de superación personal y familiar; y la corresponsabilidad social, intersectorial y familiar, como principio básico de las alianzas público-privadas para erradicar la pobreza.
Atención a familias. Durante el 2020, en una coyuntura nacional y global poco favorable debido a la crisis sanitaria causada por la covid-19, un total de 365.000 familias fueron atendidas y cada uno de los beneficios y servicios sociales se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube).
Alrededor de un 60 % de la inversión social del IMAS se dirige a menores de edad, en programas de cuidado y desarrollo infantil, y en transferencias que condicionan a los hogares a garantizar la permanencia estudiantil en el sistema educativo.
Además, un 35 % va dirigido a garantizar necesidades básicas de las familias, principalmente lideradas por mujeres jefas de hogar. Actualmente, 30.000 de ellas forman parte de la Estrategia Puente al Desarrollo, un cambio de dirección de la atención en procura de que la institucionalidad las identifica, prioriza y se acerca a ellas según sus necesidades. Eso es lo que llamamos política social de precisión.
El 5 % final va dirigido a la atención de proyectos productivos, infraestructura comunal, respuesta humanitaria y de asistencia social ante cualquier emergencia local o nacional, incluida la covid-19. En este caso particular, se brinda apoyo a familias sin recursos ni aseguramiento durante el aislamiento domiciliar y se cubren gastos funerarios, cuando no pueden ser atendidos por las familias. Además, se apoya a organizaciones de bienestar social —como brazo extendido del Estado— que ayudan a poblaciones en abandono, situación de calle, entre otras causas humanistas.
Erradicar el hambre al 2030 y extender la dignidad. Los esfuerzos de los últimos años han permitido una reducción sostenida del índice de pobreza multidimensional y una contención de más de 4 puntos porcentuales de la pobreza por ingresos por medio de la inversión social en el 2020. Sin embargo, hay que reconocer que la pandemia y su impacto en el desempleo han elevado a 1,5 millones el número de personas que carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y 435.000 están en pobreza extrema.
Hoy más que nunca, en términos de viabilidad técnica, el país está en la capacidad de identificar y trasladar un ingreso que satisfaga las necesidades básicas alimentarias de los hogares en pobreza extrema, y cumplir con el primero de los objetivos de la Agenda 2030. Esto, sustentado en el trabajo que han realizado el IMAS y el Sinirube en los últimos seis años para caracterizar y priorizar a los hogares y sus necesidades sobre la base de la técnica y la evidencia, y un exitoso proceso de bancarización de los programas sociales.
Empero, esa base de dignidad a la que aspiramos solo será viable y sostenible ampliando la eficiencia y la suficiencia del financiamiento del sistema de protección social costarricense. Una muestra de ese compromiso con la eficiencia es el cierre de Fonabe, concretado en abril, y que permite tener en el IMAS un solo sistema de transferencias monetarias condicionadas para preescolar, primera y secundaria. Además, tal como lo recomienda la OCDE, le corresponde al país soltar amarras al Fodesaf para flexibilizar las asignaciones que lo comprometen en más de un 120 %, y, complementariamente, identificar nuevas fuentes de ingresos acordes con las necesidades reales de la población.
Por otro lado, al amparo de la Política Nacional de Cuidados 2021-2031, deben concretarse nuevos modelos de pago compartido para la atención de los servicios a personas con algún tipo de dependencia, que a su vez promuevan la incorporación activa de mujeres a procesos formativos y al mercado laboral.
Al cumplir 50 años de vida institucional, entendemos en el IMAS la obligación de renovar nuestra visión sobre la base del aprendizaje histórico, la técnica, la evidencia y la innovación social.
Nuestro compromiso ético es luchar al lado de las familias, y con todos los actores sociales, por reivindicar la dignidad y derechos humanos, sin distinción alguna ni olvido de nadie, en la ruta de nuestra historia y cuidado común.
El autor es presidente ejecutivo del IMAS.