Álvaro Sáenz. 19 marzo

Debemos generar bienestar para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero mediante un proceso serio, realista y eficiente, que aproveche al máximo nuestra limitada capacidad productiva. Pero los “magos financieros” sacan de su chistera conejos económicos para hacernos creer que la reactivación productiva depende solamente de la construcción de obra pública y que el crecimiento se mide únicamente por el producto interno bruto (PIB).

La empresa privada está consciente del peligro de caer en la trampa de la complacencia, y previene sobre la necesidad de actuar con cautela y mantener el enfoque hacia resultados derivados de una correcta gestión de la Hacienda pública.

Si bien quedamos al filo del precipicio fiscal, difícilmente evitaremos la desaceleración económica. Por ello, es necesario proceder con realismo. Urge la reforma del Estado, la eliminación o la fusión de organismos públicos con funciones duplicadas, ineficientes o sencillamente obsoletos o monopólicos, que pasan al contribuyente la factura de su tramitomanía e irrelevancia.

Deben ser vendidas algunas instituciones improductivas y reorganizar o vender los bancos estatales, así como acabar con los abusos del Banco Popular. Urge aprobar una nueva ley de empleo público para evitar la obstrucción estatal a la reactivación mediante su nula reorganización.

Fin del despilfarro. Toda fiesta se acaba y hay que pagarla. El despilfarro de los fondos estatales de la última década nos arrastrará a una recesión cuya magnitud y duración dependerá de si tomamos decisiones valientes en los próximos dos años. Eso será más notorio en actividades ligadas al consumo interno, es decir, a aquellas no vinculadas directamente al exterior, como las exportaciones de bienes y servicios, el turismo y las de zonas francas.

Lo contrario de inflación es escasez, y en un país dolarizado como Costa Rica es esencial un equilibrio en el tipo de cambio para mantener la estabilidad económica, social y laboral. Lo anterior será́ bastante arduo por el elevado déficit fiscal del país. Por tanto, sufriremos falta de crédito por las altas tasas de interés, desempleo y reducción de la inversión privada ahuyentada ante la perspectiva del bajo crecimiento.

Para financiar el déficit es inmoral arriesgar los ahorros voluntarios de miles de trabajadores —al amparo de los diferentes fondos de pensiones— para pagar gastos del gobierno, cuyos bonos, en una debacle fiscal, no valdrían ni el papel donde están impresos.

Cuando entre en vigor el plan fiscal —en cinco meses— habrá un ambiente de restricción del gasto privado porque los impuestos impulsarán el alza de precios, que bajo una política de estricto control inflacionario frenará el aumento del consumo, esencial para impulsar la producción agregada que el país necesita para crecer.

Cruda realidad. El gobierno está incrementando el costo de los recursos productivos del sector privado debido a las nefastas consecuencias de la reforma del Código de Trabajo, dado el mayor control fiscal derivado de las complicaciones y costos de la factura electrónica y de la universalización y trazabilidad del impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Exigir al gobierno eficiencia y ahorro de los impuestos pagados por los costarricenses es la única alternativa que se nos abre a quienes trabajamos en el sector privado, quienes generamos el 86 % del empleo nacional, el 100 % de las exportaciones, el 100 % de los impuestos sobre la renta y un porcentaje parecido de la producción total del país.

La moderación no es una virtud del gobierno, tampoco de los líderes sindicales, y menos parece serlo de los jerarcas judiciales; más bien, existe una tendencia natural a saciar su apetito con tasaciones excesivas.

Puede que la economía sea una disciplina enrevesada; con más razón debe estar en manos de especialistas, responsables y capaces, que emitan juicios realistas sopesados por la sana crítica y que los legisladores los escuchen, no de opinadores de verano o de oportunistas políticos que pretendan regir los destinos de la nación en medio de una crisis histórica.

El autor es ingeniero, vicepresidente de Uccaep.