La agenda legislativa se ha agilizado desde que el Directorio legislativo fue asumido por la oposición, con la aprobación de más y mejores leyes desde una perspectiva de desarrollo humano. Tal hallazgo se desprende del XXII Informe Estado de La Nación en Desarrollo Humano Sostenible, el cual, además, exalta la existencia de mayor transparencia con la implementación del voto parlamentario electrónico para saber cómo vota cada diputado.
Sin embargo, el informe también señala debilidades. Hace un llamado a mejorar la celeridad con la que atendemos las demandas ciudadanas más urgentes, como es el caso de la crisis fiscal. Y nos arroja nuevas luces sobre el tema de la responsabilidad en la promesa democrática.
El Programa Estado de la Nación ha sido insistente en muchas de sus ediciones sobre la necesidad de introducir el principio de responsabilidad presupuestaria al momento de legislar, que no es otra cosa que la sana práctica de identificar el origen de los recursos financieros necesarios cada vez que el legislador proponga un proyecto de ley que venga a establecer cargas económicas para el Estado.
Promesa democrática. En el Parlamento, es una praxis común promulgar leyes garantistas que reconocen derechos, lo cual es muy bueno, pero sin los recursos para su cumplimiento. Este fenómeno conocido como promesa democrática sin sustento económico se suscitó en más del 50% de las leyes aprobadas de 1991 al 2014.
La publicación arroja, también, que en el periodo 2015-2016, de 32 leyes con mandato garantista, un 47% especificó la fuente de financiamiento, mientras que un 41% no lo hizo. Si bien esto representa una mejora con respecto al pasado, no existe garantía de que sea sostenible en el tiempo, ya que, como vimos, es una costumbre de larga data, arraigada en la cultura parlamentaria costarricense.
Por tal razón, es importante introducir reformas que propicien cambios en la forma como legislamos. Países como Chile han incorporado estas medidas en aras de legislar más responsablemente.
Bajo esta argumentación, presentamos el proyecto de acuerdo No. 19.144 Reforma parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa para incluir el principio de responsabilidad presupuestaria, que recoge el espíritu de iniciativas presentadas sin éxito en ocasiones anteriores. La actual y delicada situación fiscal de nuestro país vuelve nuestra propuesta más necesaria que nunca.
Con ello buscamos establecer una regla fiscal en instancia legislativa para que no se creen nuevas obligaciones financieras a cargo del Estado, que este no pueda afrontar.
Una desconexión entre lo aprobado por el legislador y la disponibilidad real de recursos necesarios para llevarla a cabo, puede aumentar el descontento en la ciudadanía ante el incumplimiento de sus expectativas, y mancillar aún más la imagen del Congreso.
Gasto rígido. Asimismo, aproximadamente un 95% del presupuesto de la República es considerado gasto rígido, siendo un 88% por mandato legal o constitucional, lo que reduce el margen de maniobra al momento de recortar gastos o realizar inversión.
Legislar sin contemplar contenidos e impactos presupuestarios, sin establecer nuevas fuentes o reasignaciones, empeora esta situación.
En Costa Rica ya se encuentra reflejado el principio de responsabilidad presupuestaria en los artículos 179 y 180 de nuestra Constitución Política para los trámites de las leyes especiales de presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.
Estos establecen que la Asamblea no podrá modificar o aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo si no señala los nuevos ingresos que los respaldan. Con esta reforma al Reglamento, pretendemos extender este principio para que se aplique también a la tramitación de la legislación común.
Esta iniciativa implica más trabajo y raciocinio al momento de legislar y es parte de las indispensables medidas que deben ser tomadas para traer el equilibro financiero a las arcas del Estado de manera permanente.
La autora es diputado del PLN.