Según el Foro Económico Mundial, la competitividad se define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. En ese caso, mejorar la competitividad crearía un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo social, lo cual disminuiría la pobreza y la brecha social.
De los 12 factores tomados en cuenta para determinar la competitividad, uno es preponderante: infraestructura. No se necesita ser ni economista ni ingeniero civil para saber que el país ocupa los peores puestos en infraestructura. Se sabe con solo ver las calles.
De acuerdo con el índice de competitividad global 2018-2019, Costa Rica tiene una de las redes viales más deficientes del mundo (puesto 124 de 140 países en calidad de vías y 111 de 140 en conexión vial). La precariedad no se limita a las redes viales; el mismo reporte indica que nuestro país se ubica en puestos bajos en servicio ferroviario (108 de 140), calidad de puertos marítimos (89 de 140) e infraestructura aeroportuaria (77 de 140 en conexión y 69 de 140 en servicio).
Por años se ha intentado mejorar la infraestructura con el fin de incrementar los niveles socioeconómicos del país. Para ello se adoptó una práctica que prometía dar buenos resultados: la concesión de obras públicas. Solo cuatro megaproyectos de red vial, puertos y aeropuertos se han materializado durante los 21 años que tiene de aprobada la Ley General de Concesión de Obra Pública.
Aunque esos proyectos han enfrentado tres grandes obstáculos (deficientes etapas de preinversión, falta de transparencia y rendición de cuentas, y cortoplacismo), no hubiese sido posible que el Estado, con un eminente déficit fiscal y una creciente deuda publica, invirtiera aproximadamente $1.376 millones. La concesión de obras públicas sí ha mejorado la infraestructura del país, sin embargo, se necesita utilizar más esta figura.
¿Qué falta? Enfrentar eficientemente estos retos a la hora de otorgar concesiones es esencial. Debe consolidarse la etapa de preinversión para planificar de manera adecuada. Una sólida planificación implicaría mejores actuaciones preparatorias, estudios de factibilidad y estudios de expropiación, lo cual llevaría a una adecuada toma de decisiones y a una cartera de proyectos a largo plazo. De esta manera se establece una imagen de seriedad atractiva para inversionistas extranjeros y locales.
El segundo reto está relacionado con los mecanismos de rendición de cuentas para generar confianza en la ciudadanía y atraer compañías de alto calibre. Lo anterior incluiría brindar información de los procesos de cada una de las etapas, por ejemplo, las pautas del contrato, las condiciones del proyecto, las empresas colaboradoras y la ejecución técnica, legal y financiera del concesionario, etc.
El tercer reto es superar el cortoplacismo. Las administraciones han apresurado a los concesionarios para inaugurar las obras durante el tiempo que están en el poder, con el fin de favorecerse políticamente. La consecuencia es dejar obras prematuras (como la ruta 27). Nosotros, los ciudadanos de Costa Rica, podemos ayudar a remediar el problema al entender que la infraestructura va más allá de los cuatro años y exigir a los gobiernos basar sus resultados no en la cantidad de proyectos inaugurados, sino en cómo administraron los recursos.
Mejorar la infraestructura para mejorar la competitividad no es un fin en sí mismo, es un medio para favorecer nuestra calidad de vida. La infraestructura expresa nuestras aspiraciones. Nosotros queremos transitar por carreteras amplias, sin huecos, sin derrumbes, sin inundaciones, sin vías reversibles, sin cuellos de botella; queremos ir de un punto a otro en tiempos razonables; queremos más puertos de clase mundial; queremos mejor transporte y logística; y, sobre todo, un país que camine hacia adelante.
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El autor es estudiante.