Guillermo Calderón T.. 8 mayo

Desde mi óptica de auditor del Infocoop, no puedo permanecer indiferente a las realidades ocultas de la Junta Interventora, que estoy seguro nació con buenas intenciones, pero que, con el paso del tiempo, sus miembros creyeron ser omnipotentes y únicos salvadores de una institución cuyo fin primordial no es generar utilidades, sino promover las mejores soluciones sociales y económicas para todo el sector cooperativo del país.

Con el tiempo, las mejoras, técnicas y financieras que evidentemente requería la institución se convirtieron en una cacería despiadada de funcionarios honestos cuyo único pecado fue no pertenecer a un grupo político en específico. Como acertadamente mencionó un exdiputado del Frente Amplio, fue quitar a un grupo para instalar el otro, que perfectamente hubiera cumplido su objetivo si no es porque prevaleció el interés personal sobre el institucional.

La gran modernización planteada se gestó con el pensamiento de únicamente tres funcionarios muy interesados en su bienestar personal más que del colectivo

El Infocoop debe modernizarse, está claro, y por un momento hubo la esperanza de que esta Junta Interventora tuviera buenas intenciones de plantear un esquema más actualizado y moderno en un mundo cooperativo altamente globalizado, mas, sin embargo, muy por el contrario, el proceso de modernización se convirtió en un proyecto oculto, con el máximo nivel de secretismo para el 97 % de los funcionarios del Infocoop, incluyendo a la Auditoría Interna. Pero ¿que hay detrás de ese secretismo en el proyecto de modernización? Gran interrogante: colocar en gerencias y auditoría interna a sus más fieles súbditos. Es necesaria claramente la modernización, pero llevada de la mano con el interés de los distintos actores que necesariamente debieron involucrarse en el proyecto, pero muy al contrario la gran modernización planteada se gestó con el pensamiento de únicamente tres funcionarios muy interesados en su bienestar personal más que del colectivo, con evidentes conflictos de intereses, y, claro está, con el apoyo incondicional de su Junta Interventora.

Daño a la imagen. La sociedad costarricense y autoridades de gobierno han recibido la información a medias, no se puede negar que existieron grandes debilidades de control años atrás, pero indicar perdidas por ¢45.000 millones en el Infocoop es querer dañar una imagen institucional ya de por sí muy deteriorada con todo este proceso interventor vivido en el último año. No cabe duda, si algo le gusta al subcoordinador de la Junta Interventora y al director ejecutivo interino es aparecer en los medios de comunicación, sobredimensionar la información y, lo más importante, hacer notar su grandeza y calar en la noticia su imagen. Es obvio que su intención era hacer notar un segundo caso tipo cemento chino.

No se duda de que la auditoría forense haya identificado irregularidades en créditos como se indicó en la conferencia de prensa; sin embargo, preocupa cómo una auditoría de este tipo es dirigida por la misma administración. Tres meses después de dada la orden de inicio, se modifica en forma unilateral por la administración las condiciones de contratación aprobadas por la Contraloría; y sin que este ente fiscalizador se diera por enterado. En síntesis, se contrata una auditoría de ¢82 millones, pero es la misma administración la que le dice exactamente hacia dónde debe dirigir la investigación, con nombres y apellidos; en cualquier tipo de auditoría, la independencia y objetividad automáticamente quedó fuera de lugar.

Y es que llama poderosamente la atención que esta Junta Interventora ha sido partícipe de decisiones colegiadas que ellos mismo juzgaron, criticaron y denunciaron fuertemente ante la sociedad costarricense y autoridades judiciales. La diferencia es que ahora sí entraron en razón lo que pesa el tema social sobre el financiero-institucional. Y citamos tres ejemplos claros:

Casos. En setiembre del 2017, se aprobó un crédito por ¢3.000 millones a Coopeborbón por debajo de la tasa de equilibrio Institucional. Prevaleció el interés de apoyar a gran cantidad de pequeños comerciantes que viven producto de sus ventas diarias. Desde el punto de vista financiero, esto no es pérdida, se valora como aporte social en la medida que se tenga claro cuánto afecta las finanzas institucionales.

En junio del 2017, a Cooprosanvito, a pesar del alto riesgo identificado por la Auditoría Interna, y así se expuso a la Junta Interventora, esta decidió aprobar un aumento en la línea revolutiva por ¢400 millones, dada la urgencia de tener los recursos para la nueva cosecha de café; una cooperativa a punto de cerrar, y así fue manifestado por los mismos dirigentes ante las autoridades del Infocoop. No se le dio más recursos dadas las amplias advertencias de la Auditoría Interna.

En diciembre del 2017, a Coocafé, cooperativa que incluso estuvo dentro de las organizaciones allanadas por la Fiscalía en marzo del 2017, se le aprobó un nuevo crédito por ¢900 millones, con tres años de gracia y sin haber cancelado la línea revolutiva que tenía pendiente y debía estar pagada en diciembre del 2017. Prevaleció el sentido social de que miles de productores se quedarían sin sustento para fin y principio de año.

Puedo seguir enumerando acuerdos colegiados de créditos otorgados y otras acciones administrativas propias de la institución que generan serias dudas en cuanto a sus actuaciones; sin embargo, lo que se nota es que se siguen dando refinanciamientos, créditos por debajo de la tasa de equilibrio institucional, y lo más crítico: créditos a cooperativas con un nivel altísimo de riesgo de impago.

Honorarios. Otra realidad oculta: un gasto desmedido en honorarios legales externos. En un año de intervención, ¢140 millones a una sola firma, generando, con ello, no solo el altísimo costo, sino, además, que los abogados externos están asumiendo labores ordinarias que le competen a la asesoría legal interna; un hecho en proceso de investigación por la Auditoría Interna. Esta Junta Interventora no genera poco costo, como se ha informado, a diferencia de juntas directivas anteriores. Significa las dietas de siete directivos durante 12 años. Es interesante el análisis de costo-beneficio en este gasto, que nunca tuvo el Infocoop para su normal gestión, pues para eso fue creada la Gerencia Jurídica.

El proceso de intervención en Infocoop por parte del gobierno era necesario, como una forma de ver el criterio profesional externo de expertos en finanzas y personas vinculadas con el cooperativismo de muchos años de experiencia para un proceso de modernización y eliminación de prácticas quizás inadecuadas en la gestión de las distintas áreas sustantivas y administrativas del Infocoop; sin embargo, el liderazgo que debió ejercer el coordinador de dicha junta fue tomado por el subcoordinador; una persona con cero conocimiento en cooperativismo y manejo del sector público. Hizo perder el norte fijado al inicio de dicha intervención.

Desconoce tanto la Auditoría Interna como el personal del Infocoop, que qué va a ser de esta institución, con una morosidad actual del 26,7 %, algo nunca visto y deja en evidencia la pérdida del norte fijado por la presidencia de la República.

Los miles de cooperativistas activos de este país esperan realmente un cambio en su actuar, que hasta la fecha no se ha evidenciado, y que el sector cooperativo y el gobierno vuelvan a darse la mano por el bien de nuestro país, dado el aporte productivo de las cooperativas en el entorno económico nacional. Más de 1,6 millones de cooperativistas esperamos ese abrazo fraternal entre gobierno y sector cooperativo.

El autor es auditor general del Infocoop.