EscucharWASHINGTON, DC – “Buscábamos justicia. Queríamos prevenir las desapariciones, que se terminaran. Por desgracia, todavía veo que desaparecen niñas. No quiero ser negativa, pero no sé cuándo se terminará”. Esto dijo Paula Flores, de Ciudad Juárez, México, el 3 de julio del 2016, dieciocho años después de la desaparición y posterior asesinato de su hija María Sagrario González Flores.
Mujeres como Flores, especialmente madres de víctimas de la violencia, están todo el tiempo en la primera línea del activismo de derechos humanos contra la desaparición forzada, el feminicidio y los abusos del ejército. Donde las instituciones estatales y los funcionarios no actúan contra esas formas de violencia, estas mujeres llenaron el vacío y, al hacerlo, pusieron en entredicho el lugar tradicional de la mujer.
Exigir justicia en México, un país donde el 98% de los delitos quedan impunes, no es tarea fácil. Las madres y abuelas activistas mexicanas siguen la tradición latinoamericana sentada por antecesoras como las Madres de Plaza de Mayo, que en 1977 empezaron a marchar frente al palacio presidencial en Buenos Aires, Argentina, en protesta contra la desaparición masiva de sus hijos bajo la dictadura militar. Marchas que se repitieron por años cada semana y obligaron a un debate público de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Las Madres de Plaza de Mayo inspiraron a grupos similares (en África, Serbia, Los Ángeles, etc.) y los reunieron a todos a mediados de los noventa en el Encuentro Internacional de Madres que Luchan. Como documentó la profesora Marguerite Bouvard, de la Universidad Brandeis, en su libro de 1996 Women Reshaping Human Rights ( Mujeres que redefinen los derechos humanos ), las organizaciones femeninas han tenido en general un papel crucial en el movimiento de derechos humanos, la búsqueda de la justicia económica, social y cultural, y la lucha por destacar la importancia de la dignidad humana y el respeto mutuo entre los ciudadanos y entre estos y el Estado.
Pero en el universo de esas organizaciones las madres tienen un lugar especial. Actúan en países que por lo general se niegan a reconocer a las mujeres otro papel que no sea el de madres, esposas e hijas, y usan ese papel asignado como distintivo de autoridad moral; sacan sus voces y su verdad del ámbito hogareño y las llevan a las calles, para luchar no por conceptos abstractos de justicia, sino por hijos e hijas con nombres e historias.
Cuando el 3 de marzo del 2016 fue asesinada la renombrada activista hondureña Berta Cáceres, su madre, Austra Bertha Flores López, partera y activista social, asumió la lucha por demostrar la responsabilidad del Estado hondureño por la muerte de su hija. En Estados Unidos, las madres han sido muy activas en las protestas del movimiento Black Lives Matter por la brutalidad policial contra ciudadanos negros. En la India, marcharon para generar conciencia de la extensión de los abusos sexuales. Y en Colombia, participaron activamente en el proceso de paz y lograron que la propuesta de acuerdo para poner fin a la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) haga hincapié en los derechos de las mujeres.
El camino que han emprendido Flores y sus compañeras activistas será largo. En el 2007, el gobierno mexicano adoptó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por la que el término feminicidio obtuvo definición y reconocimiento legal en México. Pero la ley dependía de la ratificación de cada uno de los 31 estados del país, y solo la obtuvo en los más progresistas.
En el 2009, madres y activistas llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de los feminicidios del campo algodonero: ocho niñas y mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en el 2001 en Ciudad Juárez. La Corte acusó al gobierno de no investigar debidamente los asesinatos, y le exigió erigir un monumento a las víctimas y compensar a las familias por la pérdida.
Para muchas madres como Paula, el cambio se mide en décadas. Pero el trabajo continúa. En el 2014, cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa iban en autobuses a Ciudad de México para unirse a los manifestantes en la marcha por el aniversario de la Masacre de Tlatelolco de 1968 (en la que hasta trescientos estudiantes fueron asesinados, diez días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos). La policía local los detuvo cerca de un retén del ejército, y fueron “desaparecidos”, en lo que parece haber sido una acción estatal coordinada para silenciar a los jóvenes activistas. Sus madres se organizaron y actuaron inmediatamente para demandar justicia.
Durante los enfrentamientos del 2016 en el estado mexicano de Oaxaca entre el ejército y maestros que se manifestaban contra las reformas educativas, los militares mataron a diez personas, entre ellas Jesús Cadena Sánchez (de 19 años). Su madre contó: “Fui a buscar a mi hijo allí donde oí disparos; estaba tan desesperada por encontrarlo que no pensé en mí misma”.
El 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En todo México, madres de víctimas de desaparición y feminicidio organizaron protestas. En Ciudad Juárez, las madres marcharon para exigir al gobernador electo Javier Corral la adopción de políticas que prevengan las desapariciones forzadas.
Estas madres se niegan a permitir que sus hijos sean olvidados. Paula Flores fundó en su vecindario (Lomas de Poleo) un jardín de infantes al que bautizó con el nombre de la mártir carmelita María Sagrario. Hace poco, trabajó con un artista local para la creación de un mural de Sagrario frente a su casa. Ella y su hija Guillermina llevan años organizando grupos de madres para recorrer la ciudad y pintar cruces en los lugares de desaparición de niñas y mujeres, como recordatorio visual de un problema que la ciudad lleva dos décadas ignorando. Cuando las cruces se despintan, las madres las pintan otra vez. Otros grupos de madres marchan con camisetas o carteles que muestran los rostros de sus hijos desaparecidos.
El recurso de habeas corpus es uno de los mecanismos de protección más antiguos de los sistemas legales occidentales: exige a los encarceladores (a los que “tienen en su posesión el cuerpo”) explicar por qué tienen detenido al prisionero. Si un ciudadano desaparece como resultado de las acciones de otro, el secuestrador o el asesino deben rendir cuentas.
Las madres aportan a esta lucha inmemorial un componente directo, emocional y personal, al insistir en la existencia de sus hijos como ciudadanos y seres humanos cuyos derechos deben ser respetados.
Anne-Marie Slaughter es presidenta y directora ejecutiva de la New America Foundation.
Alice Driver es una periodista independiente.© Project Syndicate 1995–2016
