El día 12 de octubre, el diario La Nación informa del resultado de estudio que realizó la Aresep sobre la calidad del voltaje del servicio que prestan las ocho empresas distribuidoras de energía del país, lo que constituye una oportunidad de mejora para los actores.
Supongamos que existiera una sola empresa distribuidora de electricidad en el país y que, aparte de esta existencia única, las políticas del país se encaminaran a la cobertura de electrificación máxima posible como motor del desarrollo social y económico, en lo cual creemos. Es entendible, entonces, que no todas las regiones puedan tener un servicio uniforme.
Por ejemplo, el tiempo de atención de una avería en una zona rural de difícil acceso y clima frágil, es muy diferente a atender una avería en una zona urbana como Guadalupe. Pero, de acuerdo con nuestro sistema tarifario, también será así la densidad del alumbrado público dependiendo de la zona geográfica y de la densidad de población que se atiende, aunque los usuarios tendrían la misma tarifa.
Esto es consistente como una buena norma de solidaridad del servicio que el país se ha autoimpuesto en favor de un desarrollo de la electrificación, lo que permite precisamente hacer las inversiones en electrificación sin tener como limitante la ubicación o la condición económica de la regiones de consumos, lo cual ha significado que Costa Rica sea el país con la mayor cobertura de Centroamérica y similar a países desarrollados. En eso el ICE ha sido el rector.
Pero, si en la prestación de un servicio como la distribución eléctrica, existen varias empresas, ubicadas en diferentes regiones geográficas como en realidad sucede hoy, su gestión se centrará, claro está, en la búsqueda de las mejores condiciones deservicio a las comunidades que sirven.
En la realidad, se está dando alguna diferencia entre ellas en cuanto a calidad del voltaje, estabilidad de la frecuencia, control y aseguramiento de la calidad que deben cumplir las empresas de distribución eléctrica, normadas por Aresep, además del precio de la energía.
De ahí que el modelo que se desarrolló al tener varias empresas distribuidoras regionales, ha sido también un éxito del sistema eléctrico nacional, pues en el caso de las cooperativas de electrificación rural han logrado con efectividad cumplir el objetivo de la electrificación a todos los rincones del país; y en el caso de las empresas municipales, lograr una apropiada respuesta a los variados y exigentes clientes en las zonas a las que sirven con excelentes resultados de operación e índices de calidad.
Alternativa. Así surge la pregunta, si es lógico que una empresa distribuidora urbana, quizá por el simple interés de expandirse territorialmente, pretenda suplir zonas geográficas diferentes a su núcleo de distribución económica a contrapelo de la calidad del servicio de los abonados de esa zonas e imposición de un costo y un precio más alto para los abonados y el país, cuando existe una alternativa más apropiada de abastecimiento desde el punto de vista económico y regional: ¿Cuál es el tamaño óptimo de extensión de una distribuidora, dadas las condiciones actuales del país?
Recordemos quizá algo parecido al principio económico de la ley de los rendimientos decrecientes, y pensando en forma similar diríamos que cuando se agrega el cliente marginal y se deteriora, marginalmente su servicio con respecto al cliente anterior, se estará entonces en el punto de extensión máxima de esa distribuidora y el cliente debería entonces ser atendido por la distribuidora eléctrica más cercana geográficamente y que pueda prestar el servicio de la forma más eficientemente posible.
¿Se cumple eso en la realidad de la prestación del servicio eléctrico en Costa Rica? Lo vemos muy difícil de creer, reiteramos, si una compañía debe atravesar el área de servicio de otra distribuidora para atender clientes fuera de su núcleo central de prestación y no existe una estadística desagregada de prestación del servicio según zona geográfica para una misma empresa, con que podamos medir comparativamente el desempeño.
Quizá sea ese uno de los motivos por la que hay empresas que poseen un costo de venta más alto por unidad de energía que otras empresas de carácter urbano o semiurbano como las regionales ESPH S.A o JASEC; pero también es obvio que no es el único factor que conjuga para esto, sino que, por un lado, al ser una empresa parte de un grupo propiedad exclusiva del actor dominante, no existe el menor incentivo de esta para objetar las tarifas con que esta le compra su energía, lo cual puede prestarse para que costos a nivel de generación o de transmisión se traspasen al sistema de distribución, perjudicando en último caso al consumidor final. La independencia de las demás empresas distribuidoras sí asegura al consumidor que se den estos cuestionamientos en las tarifas propuestas.
Tampoco hay que obviar el aspecto de que, al tenerse mezcladas etapas diferentes de la cadena eléctrica, tales como la generación y la distribución, se podrían estar incorporando proyectos de generación que no pueden ser justificados en costos con otros proyectos alternativos, aplicando las famosas mezclas de proyectos pagos con otros nuevos.
Esa práctica no se justifica, ni siquiera por “encanto”, en un país de gran riqueza hídrica.