EscucharOdebrecht es el nombre de la mayor compañía de construcción de América Latina y una de las más eficientes. Lo novedoso no es que pagara sobornos millonarios en toda América, sino que ese delito se convirtiera en un escándalo internacional y llevara a la cárcel a decenas de funcionarios corruptos y a los directivos que aportaban las coimas. Eso sí es rarísimo.
Lo extraño es que el ingeniero Marcelo Odebrecht, heredero y cabeza de una empresa brasileña con 167.000 trabajadores, que opera en 60 países, acabara tras la reja condenado a 19 años de cárcel por haber hecho negocios fraudulentos en muchos de ellos arrastrado por las trampas cometidas en la asignación de los contratos de Petrobrás, el gigante petrolero de su país.
Odebrecht repartió dinero bajo la mesa profusamente. En su país, en época de Lula da Silva, $349 millones. En la Venezuela de Chávez, $98. En la Argentina de los Kirchner, $35. En el Ecuador de Rafael Correa, $33 (más que los “socialistas del siglo XXI” son los peores pillos del siglo XXI). En Panamá, $59. En República Dominicana, $92, en Perú, $29. En Guatemala, $18. En Colombia $11 y en México algo más de $10.
El total es de casi $800 millones en sobornos, por los que la empresa ha aceptado pagar una multa en Estados Unidos de $3.500 millones, de los cuales casi un tercio corresponden a Braskem S.A., una enorme filial dedicada a la petroquímica.
¿Por qué Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos revelaron sus delitos? Porque hace unos años se aprobó una ley en Brasil que rebajaba las penas de los condenados si colaboraban con la justicia. No fue un súbito ataque de mala (o buena) conciencia, sino una maniobra legal para salir del infierno de las cárceles brasileñas.
De alguna manera, esta sacudida ha venido en auxilio de la vapuleada democracia liberal. La idea de que todos somos iguales ante las leyes presupone que todos estamos obligados a cumplirlas, y no hay duda de que en las tres cuartas partes del planeta, incluida casi toda América Latina, ese principio no se respeta.
La impunidad con que los políticos electos o los funcionarios de más alto rango violan la ley y se convierten en millonarios, tiene dos efectos devastadores en la ciudadanía. Por una punta, genera una atmósfera de cinismo total ante un método de gobierno que postula la sujeción a la ley, pero practica lo contrario. Y por la otra, provoca la imitación en cascada de la corrupción.
Muchos funcionarios menores venden los trámites a su cargo, los policías negocian las multas, revenden la cocaína confiscada o se colocan discretamente en las nóminas de las mafias.
¿Cómo extrañarse de que la mitad de la policía mexicana –250.000 personas– fuera corrupta cuando la casi totalidad de la jerarquía política de ese país incurría en delitos parecidos?
Hace años, el hermano de un notable político español acusado de un delito de tráfico de influencias se hizo famoso con una frase reveladora que obtuvo la benévola comprensión de la sociedad: “Qué pasa, ¿es que siempre van a robar los mismos?”.
Uno de los mejores pensadores norteamericanos contemporáneos, Douglass North, premio Nobel de Economía (1983) por haber demostrado la relación entre el funcionamiento de las instituciones de Derecho y la prosperidad, en uno de sus últimos ensayos explicó que las naciones podían dividirse en dos grupos, uno de “acceso abierto”, relativamente pequeño, y el otro, mucho mayor, de “acceso limitado”.
Las de acceso abierto, encabezadas por Estados Unidos y seguidas por las 25 más exitosas, fundamentaban su funcionamiento y el éxito de los individuos en la meritocracia, el mercado y la sujeción a la ley. Las de acceso limitado, en los contactos personales y la violación de las reglas.
En las de acceso abierto a la mayor parte de las personas no les molesta que Bill Gates o Warren Buffet se hayan hecho ricos operando dentro de las normas, pero no toleran que un sujeto se beneficie de las ventajas del sistema y se enriquezca haciendo trampas. Esto no quiere decir que no los haya, sino que se les combate y desprecia.
En las de acceso limitado “quien tiene padrinos se bautiza” y se cometen todo género de tropelías e inmundicias ante una sociedad encharcada en la corrupción y anestesiada por la impunidad con que operan los “triunfadores”.
Esto es lo que está cambiando ante nuestros ojos. Muchas sociedades están mudando la piel y pasan del acceso limitado al abierto. La gran revolución del siglo XXI es la de la honradez. Toma tiempo, pero sucede.
Carlos Alberto Montaner es periodista y escritor. Su último libro es la novela ‘Tiempo de Canallas’.
