Andrés Formoso O.. 5 marzo

El economista Eli Feinzaig evidenció, el 10 de febrero, en estas páginas, las incongruencias del Consejo de Transporte Público (CTP) en materia de taxis y las del proyecto que pretende regular a Uber, pero dejó de lado la otra cara de la moneda: el transporte en autobús, mucho más utilizado por los costarricenses y deja miles de millones de colones a un reducido grupo de empresarios.

Justo un mes antes del artículo de Feinzaig, el semanario Universidad reveló cómo se concentra cada vez en menos manos y cómo funciona el negocio de las autobuseras, el cual genera $385 millones al año (unos ¢231.523 millones) y afecta a muchas más personas que el servicio de taxi.

El CTP dice en su página en Internet que se ve “como la institución que debe dotar al país de un sistema de transporte terrestre eficiente, moderno, continuo, seguro y equitativo, con capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios y los prestatarios del servicio, adaptándose a los cambios constantes de la sociedad y de su desarrollo urbano y regional, en armonía con el medio ambiente”.

La capacidad del CTP de satisfacer las necesidades de los usuarios (taxi o bus) y los prestatarios queda en entredicho porque son los primeros quienes cargan con las consecuencias de propuestas como la de regular a Uber, los problemas metodológicos o la falta de adaptación a los cambios, al insistir en el uso de cifras cuya validez no puede comprobar —porque los aporta la parte interesada— en los cálculos de los modelos tarifarios de bus.

Caída en la demanda. La presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, explicó el 11 de febrero a Repretel que los aumentos aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para rutas como Sabana, Escazú y Santa Ana (y los que vienen en Alajuela-San José) obedecen a una baja del 20 % en la demanda en los últimos dos años. Agregó que desde finales del año pasado hay un “protocolo de demanda” (con datos recogidos por ellos) como parte del modelo tarifario.

Los empresarios lograron hacer pagar a los pasajeros, como si fueran los culpables del mal servicio, el problema de la baja en la demanda.

Solo en Costa Rica el Estado premia la ineficiencia de quienes perdieron el 20 % de sus clientes en dos años con un aumento en sus márgenes de ganancia, y se castiga a los usuarios por mantenerse fieles al sistema. Excelente ejemplo de cómo privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Llama la atención cómo el CTP y la Aresep aceptan, a estas alturas del siglo XXI, cifras de pasajeros provenientes de los transportistas y no datos más confiables como los que aportaría el pago electrónico.

Ventajas. Con el pago electrónico se sabrá en tiempo real si cada unidad cumple horarios y recorrido, y se generará un modelo de demanda en horas pico con información veraz. Con los costos de operación se conocerá, individualmente, cuánto tiempo estuvo encendido un vehículo, los kilómetros recorridos, cuánto tardó, cuál fue su consumo y sus emisiones, por lo que el control del CTP sobre los concesionarios será más transparente y eficiente.

Según la Aresep, los dos servicios públicos peor calificados son el de taxis y el de buses; sin embargo, Bolaños explicó a Repretel que los aumentos recién aprobados también reflejan el costo de lavado y mantenimiento de las unidades.

Detalles. La caída en la demanda tiene otras razones, aparte del incumplimiento de horarios, como el estado de los asientos, la mala iluminación, la suciedad, las ventanas percudidas o flojas, por donde se filtra agua cuando llueve, y el techo interno con forros quebrados o arrancados en no pocos buses.

La competencia informal se lleva una buena parte de las ganancias de los autobuseros porque estos insisten en ver un servicio público únicamente como una lucrativa actividad económica, como detalló Universidad.

Cuando el transporte formal implica perder tiempo en condiciones hostiles de espera, y la informalidad resuelve de inmediato, las personas se inclinan por lo más ágil. Castigar a quienes usan el servicio regular con tarifas más elevadas solo acrecentará la fuga de pasajeros.

Es inexplicable que, a las puertas de la renovación de concesiones en el 2021 y de los grandes cambios que traerá el tren, el Estado premie la ineficiencia y la falta de transparencia, y castigue a las cada vez menos personas que se quedan en el sistema formal.

El autor es periodista.