EscucharDesde hace muchísimo tiempo se ha venido insistiendo en la urgente necesidad de reformar el reglamento legislativo con la finalidad de que los procedimientos internos de la Asamblea Legislativa sean realmente expeditos, especialmente en lo que respecta al trámite de la aprobación de las leyes y –por supuesto– otras modificaciones más que a todas luces son también importantes para lograr un mayor desempeño legislativo.
Por lo que he podido analizar, esta necesaria reforma constituye un ideal del actual Gobierno de la República y de la bancada oficialista en razón de que han sido explícitos en que ésta apunta en la dirección correcta hacia la gobernabilidad y hacia la adopción de enmiendas indispensables contra el estancamiento y en favor de la transparencia.
Por tratarse de un organismo político de discusión sobre los temas de interés nacional, es natural que la Asamblea Legislativa disponga de los mecanismos y plazos necesarios para que el debate y la reflexión sobre los proyectos de ley sean contundentes.
Sin embargo, no se puede ignorar que en la práctica legislativa actual los procedimientos internos se convierten más bien en instrumentos que dificultan la fluidez del proceso. Por ello, y en aras de la agilidad de este, me parece que es necesario y urgente que se revisen los plazos para votar los proyectos, así como el número de sesiones habilitadas para presentar mociones en el plenario. Definitivamente, el trámite legislativo debe salirse de toda irracionalidad porque el daño para el país es muy grande e irreparable.
A pesar de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, se tardó cerca de tres meses para la instalación de la Comisión Especial de Reformas Reglamentarias, esta ya está funcionando y sinceramente se esperaría que su trabajo sea altamente productivo para terminar de una vez por todas con los procedimientos engorrosos que tienen que ver con las mociones dilatorias, repetitivas e improcedentes y, fundamentalmente, terminar con la absurda práctica de las “carretonadas” de mociones planteadas con el único propósito de impedir la votación de los proyectos de ley. Así que esta es una gran oportunidad para que el actual directorio legislativo dé muestras sinceras de querer desterrar estas nefastas prácticas.
Versa un conocido refrán que “si no se marcha con el tiempo, con el tiempo se marcha”; hoy el mundo está viviendo un proceso acelerado y las instituciones públicas deben adecuarse para responder con éxito las demandas sociales. La Asamblea Legislativa es una de ellas y de nada le sirve al Ejecutivo proponer su plan de desarrollo si desde el parlamento no se agilizan los trámites para darle al país las leyes que se necesitan.
Por este motivo, es preciso acabar con el llamado “filibusterismo” que no es otra cosa más que la nefasta práctica empleada por algunos diputados para paralizar la tramitación de un tema o proyecto. En honor a la verdad, Costa Rica necesita con urgencia generar las propuestas que permitan enrumbar el trámite legislativo con agilidad y terminar con el inmovilismo parlamentario del que viene padeciendo el país desde décadas atrás.
Si realmente se desea mejorar la gobernabilidad y contribuir así con la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales, entonces vuelvo a insistir en la gran oportunidad que ahora tienen los legisladores para demostrarlo. Es sabido que algunas fracciones parlamentarias, incluyendo la oficialista, presentaron sus propuestas al respecto, lo cual es positivo porque a éstas se suma también la voluntad política expresada por la señora presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, quien semanas atrás entregó al directorio legislativo su propuesta para reformar el reglamento legislativo con el fin de agilizar el trámite de proyectos en la Asamblea Legislativa.
De manera que es satisfactorio conocer que las fracciones coinciden en hacer reformas al reglamento, sin embargo, aún no hay ninguna propuesta de consenso que pueda ser aprobada en el corto plazo. Y es aquí donde sinceramente se pone a prueba el verdadero interés de los diputados para avanzar en este tema, sobre todo los de la llamada “Alianza”, puesto que algunas de sus fracciones han sido expertas y recurrentes con las prácticas dilatorias.
