La náusea penitenciaria

Este postulado es aplicable plenamente a la actualidad penitenciaria costarricense, en la que se vislumbra incipientemente que los problemas del sistema carcelario patrio no son cuestiones inmediatas o de fácil abordaje, sino dificultades estructurales que ameritan un abordaje integral.

Crisis. Que las cárceles están hacinadas desde hace más de cuatro décadas y que dentro de ellas existe violencia policial son verdades innegables Recientemente, la Sala Constitucional, en el fallo 2014-7274 del 27 de mayo, dispuso aplicar medidas para asegurar la protección de los presos de Máxima Seguridad y del ámbito D de La Reforma, toda vez que en tales sectores existe una práctica sistemática de tratos crueles, degradantes e inhumanos mediante el abuso policial. Son 35 casos de reclamo ante la Sala por estos hechos violentos, que van desde maltrato físico hasta actos que configuran delitos sexuales como mecanismos de tortura.

La orden emitida por la Sala Constitucional pertenece a una línea de disposiciones constitucionales aparentemente imposibles, según la cual las condiciones penitenciarias deben mejorar y ser respetuosas de los derechos humanos de la población privada de libertad, esfuerzos judiciales que no han logrado ser acompañados por la realidad carcelaria.

Estos intentos poseen un vector común: brindan soluciones monoinstitucionales inmediatas, lo que presupone que el problema carcelario es una contrariedad monoinstitucional inmediata. Pero no es así.

Los factores que han determinado la crisis penitenciaria son diversos y estructurales, pasan por el condicionamiento y selección no solo de la población penitenciaria, sino de la población policial: ambos sectores mantienen una dependencia prácticamente dialéctica, conflictiva.

Asimismo, dada esta selectividad, este problema no es solo de una institución, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, sino que va más allá, y alcanza los brazos judiciales, legislativos y otros tantos del Poder Ejecutivo. Partiendo de lo recién indicado, cualquier solución al problema carcelario debe partir al menos de dos de sus causas esenciales: la cultura penitenciaria y el hacinamiento carcelario.

Cultura penitenciaria. El espectro cultural de la crisis carcelaria tiene dos caras: interna y externa. La primera salta a la vista y consiste en la insuficiencia institucional de las cárceles nacionales, no solo espacial, sino de personal, tanto en cantidad como en preparación. Es decir, los funcionarios que administran y custodian las prisiones son pocos y carecen de la preparación necesaria, en particular en materia de derechos humanos.

El aspecto externo es del que menos se habla, pese a ser el más determinante. Consiste en todas aquellas acciones y omisiones políticas e institucionales determinantes para que las poblaciones desaventajadas se criminalizaran y encerraran; igualmente, aquellas objeto de la selectividad policial. Por ejemplo, la creación de nuevos delitos penales de daño insignificante, o de jurisdicciones expeditas que rozan severamente determinadas garantías procesales, como el derecho a apelar la resolución que ordena la prisión preventiva.

La sobrepoblación carcelaria no solo consiste en la falta de espacio para pernoctar en las prisiones, sino que conlleva una serie de dificultades que hacen imposible el objetivo principal y justificador de estas: la resocialización, que es de interés no solo para quienes han sido convictos, sino también para la sociedad, pues cuantas más personas presas sean capaces de reinsertarse socialmente, menor será el delito y sus perniciosos efectos colaterales.

Cualquier solución a las dificultades penitenciarias debe tomar en cuenta, como mínimo, los dos factores recién referidos y, por ende, desarrollar propuestas estructurales que involucren a los tres poderes de la República, entendiendo que más celdas o más personal penitenciario de ninguna manera resolverá la violencia sistemática carcelaria ni las peligrosas consecuencias que de ella recibe el resto de la sociedad.