La misión del juez Kirby

Como agudo académico, expresidente de la Comisión Internacional de Juristas, líder cívico, promotor de los derechos gais (en 1999 reveló serlo) y experimentado juez que culminó su carrera en la Corte Suprema (High Court) de Australia, sus batallas y aportes han sido múltiples. Con 75 años, de él puede decirse que nada vinculado con la dignidad humana le resulta ajeno.

Por esto, a muy pocos de sus conocidos sorprendió que aceptara una de las más desafiantes misiones asignadas por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en sus ocho años de existencia: presidir la comisión establecida el 21 de marzo del año pasado para “estudiar las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves” a esos derechos en Corea del Norte.

El gran desafío. Analizar con profundidad, objetividad, rigor y soporte fáctico la situación de los derechos humanos en cualquier país es en extremo difícil. La complejidad crece en forma proporcional al autoritarismo de los regímenes estudiados, y se convierte en una muralla casi insalvable en las condiciones de atroz represión e impermeable encierro impuestas por la dinastía Kim.

¿Cómo neutralizar esas barreras para producir un informe a la altura del mandato otorgado por el CDH? Más aún, ¿cómo hacer del texto un instrumento para el cambio?

Pocos estaban tan preparados como el juez Kirby para abordar el desafío que el presidente del Consejo le encomendó el 7 de mayo. Y ha contado con dos excelentes compañeros: el abogado, excongresista, y exfiscal indonesio Marzuki Darusman, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Corea del Norte, y la exdiplomática, investigadora y activista Sonja Biserko, quien durante laboriosos años ha combatido las atrocidades dentro y fuera de su natal Serbia.

Ante la imposibilidad de lograr acceso a Corea del Norte, los tres comisionados optaron por convocar a audiencias públicas en ciudades con gran concentración de exiliados o emigrados: Seúl (Corea del Sur), Tokio, Londres y Washington D.C. En ellas declararon más de 80 testigos y expertos. Además, realizaron alrededor de 240 entrevistas con víctimas y otros especialistas, entablaron contacto y recibieron información de entidades de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, analizaron múltiples documentos y obtuvieron 80 aportes escritos de diversos Gobiernos.

Su metodología permitió que, tras diez meses de trabajo, “dentro del plazo, dentro del presupuesto y por unanimidad” –en palabras del juez Kirby–, presentaran su informe. Además de adoptarlo por amplia mayoría, el Consejo de Derechos Humanos decidió remitirlo a la Secretaría y “todos los órganos pertinentes” de las Naciones Unidas “para que adopten las medidas apropiadas”.

Entre esas medidas, que engrosan una larga lista, destaca solicitar al Consejo de Seguridad remitir el caso norcoreano a la Corte Penal Internacional (CPI), para que esta actúe “en el marco de su competencia” ante los crímenes de lesa humanidad documentados.

Mapa de perversión. Con el propósito de impulsar sus recomendaciones y movilizar apoyo político en pro de una atención sostenida a la situación de Corea del Norte, los tres comisionados visitaron las Naciones Unidas, en Nueva York, a mediados de abril.

En una reunión abierta organizada por Australia, Japón y la Unión Europea, en una sesión informal del Consejo de Seguridad convocada por Australia, Estados Unidos y Francia, y en un encuentro privado con algunos embajadores, su mensaje fue de una conmovedora precisión y contundencia.

Escuchar al juez Kirby repasar los hallazgos del informe, y describir el estado emocional de las víctimas, es asomarse a una de las más perversas realidades políticas de nuestro tiempo, y conocer los engranajes de un poder carente de alma cívica, que ha inyectado la represión en todos los pliegues de la actividad humana.

La comisión documenta y denuncia abundantes violaciones que, tal como afirma, no son producto de “meros excesos”, sino “componentes esenciales” del sistema político norcoreano. En una de las frases más reveladoras, Kirby y sus colegas apuntan: “La gravedad, escala y naturaleza de estas violaciones revelan un Estado que no tiene paralelo en el mundo contemporáneo”.

Varias páginas detallan el escalofriante repertorio represivo que sostiene a ese Estado. De él forman parte el control del acceso a los alimentos para imponer lealtad; las desapariciones orquestadas y ejecuciones públicas; los abortos forzados, las violaciones y el infanticidio; la discriminación y la exclusión social, académica o laboral, por ideas, religión o sexo; una red interminable de prisiones y campos de reclusión, en los que se aplican los más abyectas torturas; las delaciones y el adoctrinamiento masivo; el control absoluto de la información, y las purgas en la cúpula para asegurar la lealtad.

Estos métodos, perfeccionados sin pausa, se remontan a 1948, cuando Kim Il Sung asumió el poder al norte de una dividida Corea. Tras su muerte, en 1994, lo sucedió su hijo Kim Jong-Il, quien lo heredó al suyo, Kim Jong-un, poco antes de morir, en el 2011.

Entre las constantes del régimen, además de la represión, destacan el armamentismo, las amenazas, las provocaciones y el pésimo manejo económico, trastrocado en devastadoras hambrunas. Su referente ideológico ha sido la llamada “idea zuche”, un pastiche doctrinario promotor de la autarquía y el militarismo, adobado con dosis de marxismo y maoísmo, e inspirado por las peores prácticas estalinistas. Aún recuerdo que, hace cuatro décadas, sedujo a algunos propagandistas ticos.

Crímenes sin castigo. El informe declara que muchos de los crímenes cometidos por la cúpula norcoreana alcanzan “el elevado nivel exigido en el derecho internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad”. Sin embargo, sus perpetradores disfrutan de impunidad, porque “actúan de conformidad con la política” de un Estado totalitario, y el poder judicial es un instrumento más del aparato represivo.

Después de analizar las opciones para llamar a cuentas a esos perpetradores, la comisión concluyó que la instancia apropiada es la Corte Penal Internacional. Sin embargo, como Corea del Norte no forma parte de ella, la CPI solo puede actuar si el Consejo de Seguridad le remite el caso. De aquí, el pedido formulado a este órgano.

Lograr la remisión será en extremo difícil, por las reticencias y poder de veto de China y Rusia. Sin embargo, existen, al menos, dos razones por las cuales es posible que llegue a producirse un cambio favorable:

La primera es que ningún Gobierno puede escapar totalmente a la presión internacional, y tanto el informe como las decisiones del Consejo de Derechos Humanos sobre Corea del Norte han dado a su caso una relevancia y urgencia inéditas e insoslayables. En estas circunstancias, vetar su envío a la CPI podría implicar un enorme costo político.

La segunda se inscribe dentro del más frío “realismo” geopolítico: dada la naturaleza y condición del régimen norcoreano, no se puede descartar un eventual colapso en medio del caos. Dado su multitudinario ejército y su inventario nuclear, las consecuencias serían catastróficas para la paz y la seguridad, particularmente de sus vecinos más inmediatos.

No estamos, entonces, solo ante un espeluznante caso de violación a los derechos humanos y al derecho humanitario, sino, también, ante una amenaza de profundo calado a la estabilidad internacional. Y esto justifica aún más la atención del Consejo de Seguridad.

Lo que sigue. Pasar del informe a la aplicación de sus recomendaciones demandará enorme esfuerzo, resistencia y perseverancia. Si la despiadada represión norcoreana y sus ejecutores han sido tolerados por tantas décadas, no podremos esperar un golpe de timón inmediato.

Pero la base fáctica recopilada por la comisión, la persuasiva e incansable energía con que ha planteado sus hallazgos, y la decisión del Consejo de Derechos Humanos de dar seguimiento a las atrocidades de los Kim constituyen sólidas bases para la eventual acción.

Kirby y sus colegas saben que caminan cuesta arriba; sin embargo, la pendiente ahora es menor, gracias a su excelente trabajo. Esta ha sido su misión cumplida. Pero queda pendiente la más difícil: eliminar la impunidad y frenar las violaciones. Esta tarea corresponde al conjunto de la humanidad.