EscucharEl trabajo en equipo, jugadores, vendedores y Junta de Protección Social (JPS), mano a mano, esfuerzo a esfuerzo y con el respaldo de la nueva ley –N.° 8718 del 2009– están permitiendo a la Junta continuar con la obra social que inició hace casi 168 años y que fue reforzada en 1885 cuando asume la administración de las loterías con fines sociales.
En el país siempre se habla de las loterías. Que el plan de premios es bueno o malo, que el premio no fue vendido, que lo ganó fulano, zutano o mengano. Pero cuesta que este mismo país hable también de esta magna obra social que realiza la JPS con las rentas sociales que generan los juegos de azar y que actualmente permitirían financiar cerca de 330 programas sociales este año 2013 (véase tabla 1) .
Es cierto que las personas juegan para ganar. Es cierto que la JPS ha venido cubriendo un hueco fiscal que beneficia a los grupos más vulnerables, y, también es cierto que la Junta paga impuesto sobre la renta que cubre la industria de las loterías.
La noticia de La Nación “Gobierno se tarda un año en llevar reforma fiscal al Congreso”, se refiere a la posibilidad de que se establezca un impuesto a los premios de lotería. Esta idea ya se puso en práctica y los efectos, en lugar de ser positivos para el país, terminaron por afectar una política pública como es la Lotería de Estado con fines sociales.
La JPS hace el bien' y también paga impuestos. El artículo 16 de la citada ley establece que “...la Junta (...) pagará sobre las loterías nacionales que venda, distribuya o comercialice, un impuesto único de renta de un diez por ciento (10%)...” (véase tabla 2).
Como señalé previamente, existió un impuesto a los premios de lotería, el cual incidió negativamente en la generación de rentas sociales de la JPS, ya que desestimuló la compra de las loterías. Esta realidad hizo que en esa ley del 2009 se cambiara el modelo, de tal forma que el contribuyente pasó a ser la Junta. Con ese cambio, el Ministerio de Hacienda está recibiendo para el fisco ingresos producto de la industria de las loterías de Estado. Como ciudadano corporativo, en el marco de la responsabilidad fiscal y social, la JPS, del 2009 al 2012, ha pagado más de ¢10.000 millones producto de ese impuesto sobre la renta que grava el negocio de las loterías. Pero, además, el presupuesto nacional se aliviana con los más de ¢25.000 millones que en promedio y a partir del 2009 la JPS ha venido aportando a las poblaciones en vulnerabilidad.
Si no existiera esta política pública que se llama Lotería de Estado, la pregunta es: ¿de dónde obtendría el país los recursos que demandan la atención de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad física mental o sensorial, quienes sufren dolor crónico, cáncer, VIH/sida, u otro padecimiento terminal, así como los menores en abandono o en riesgo social, los neonatos, los hospitales, las pensiones no contributivas, etc.?
Las oportunidades en que la JPS ha tenido que recordar al país esta situación, no son nuevas. En la Junta siempre estaremos en disposición de explicar los beneficios de la Lotería de Estado con fines sociales y el daño que causaría alterar las condiciones que rigen esta política pública.
