Luis Lorenzo Rodríguez. 28 noviembre, 2018

Han sido enormes los efectos nocivos de la huelga y algunos seguirán causando daños por mucho tiempo. El motivo de este artículo es mostrar algunas enseñanzas consideradas provechosas. Con ese fin, debemos primero aceptar que los asuntos complejos sobre política, economía, derecho y administración pública no son de fácil acceso y la mayor parte de la ciudadanía tiene ideas muy vagas sobre estas materias, que se han visto profundamente afectadas por este acontecimiento.

Durante más de dos meses, la gente ha sufrido personalmente, por sus familiares, vecinos y amigos los efectos de la huelga. Durante este tiempo, ha sido casi imposible eludir las redes sociales, las noticias, las declaraciones y los comportamientos de los huelguistas. La ciudadanía, el pueblo poco informado, ha recibido un curso intensivo sobre los complicados asuntos de las relaciones de poder. Veamos algunos posibles resultados de ese proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cuando se trata de salarios, beneficios, pensiones y demás privilegios, se acude al expediente de la autonomía, llevada a niveles absurdos de soberanía

La huelga fue una agresión a la ciudadanía. Paralizó por la fuerza casi la totalidad de los servicios esenciales, como salud, educación, transporte y justicia, así como el libre tránsito. Para la ciudadanía, quedó claro el ensañamiento de los sindicatos contra ella. Los dirigentes evaluaban públicamente los logros según la gravedad de los daños causados.

Quedó claro que el concepto de “interés general”, fundamento de toda administración pública, en la realidad no existió. Los sindicatos repetían que la huelga era para proteger al pueblo del pago de impuestos, pero este lo que recibía eran hospitales, calles, escuelas y demás servicios bloqueados.

La estrategia sindical para doblegar al gobierno fue la de maltratar sin piedad al pueblo.

Revelaciones. Durante la huelga, se acentuó la divulgación de salarios y pensiones de funcionarios que, para la gran mayoría, constituyen sumas imposibles de comprender, de creer, de digerir, pues son una afrenta a la lógica, al sentido común y a la justicia. La gente que no trabaja en el Estado para mantener a su familia debe conformarse con ¢50.000 o ¢100.000 semanales. Para los funcionarios públicos, solo se habla de millones.

A fuerza de repetirlo, el pueblo aprendió que en el gobierno se gana más en pluses que en salario y no existe ninguna razón técnica, lógica, legal, moral o de justicia que lo justifique. Suena más a piñata.

Los funcionarios reciben más de 20 mensualidades de cesantía, mientras el pueblo un máximo de 8. Muchos empiezan a comprender que son ellos quienes pagan todas esas exageraciones. De su raquítico salario, les rebajan una buena parte para mantener a la CCSS, al INS y al Banco Popular, y en esos tres se pagan salarios, beneficios y privilegios estrafalarios, aparte de mantener un exceso de burocracia.

Después de las deducciones, el ciudadano debe pagar la luz, el teléfono y el agua, so pena de recibir una eficiente desconexión y el consabido pago previo de la exorbitante tarifa de reconexión. Mediante esos pagos, subvencionan los abusivos salarios, pluses, privilegios y burocracia del ICE y del AyA.

Ocurre igual con los pagos a las municipalidades y las compras de los bienes y servicios necesarios para sobrevivir. En todo se pagan impuestos para mantener al Leviatán, la burocracia de la Asamblea Legislativa con su desteñida Contraloría, los salarios y las pensiones de lujo y la faraónica Corte del Poder Judicial.

La teoría de los ciclos de las organizaciones nos dice que toda organización llega a su decrepitud cuando lo único importante para sus dirigentes es la defensa de sus propios beneficios. Todo nos dice que ya llegamos.

Falsa autonomía. Otro aprendizaje importante se refiere a la imparcialidad, la neutralidad y la objetividad. Quedó claro que no existe en ninguna institución, háblese de la benemérita conciencia lúcida de la patria o del Poder Judicial. Cuando se trata de salarios, beneficios, pensiones y demás privilegios, se acude al expediente de la autonomía, llevada a niveles absurdos de soberanía.

En esto, un rector, un presidente de un poder o de un sindicato tienen el mismo arrogante discurso: todo se puede tocar, menos los salarios, los pluses, las pensiones y demás privilegios, llamados derechos adquiridos.

Los más connotados estudiosos de la ciencia de la Administración Pública han investigado por décadas esos argumentos y han llegado a las conclusiones que de manera sencilla y comprensible presentamos en esta nota.

El interés general, la valoración salarial, la racionalidad y la objetividad en la toma de decisiones, así como el de las etapas o los ciclos de las organizaciones, los encontramos, entre muchos otros, en los premios nobel J. Buchanans y H. Simon, así como en Ch. Debbash, Ionescu y Negrusa.

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El día después

Es una pena que en nuestro país no existan estudios e investigaciones más objetivas sobre el estado y el devenir del país. Los estudios son efectuados por funcionarios públicos, incluso la mayoría de los políticos son, a su vez, funcionarios de carrera, y eso explica, en mucho, el grave problema que afrontamos.

La huelga dejó grandes enseñanzas y la crisis que irremediablemente se viene nos deparará un pueblo menos ingenuo, más desconfiado y mejor formado. De tonto no tiene un pelo, pero, por su bondad, han abusado mucho de él.

El autor es profesor en la Universidad de Costa Rica, exdirector de la Escuela de Administración Pública.