La seria situación civil, política y económica que experimenta Nicaragua, lejos de significar el fin del régimen de los Ortega, como algunos piensan, a la larga terminará fortaleciéndolo. Su consigna, copiada de las prácticas seguidas en Cuba y Venezuela, es aguantar la reacción de los “golpistas” y hacer tiempo. Después de todo, defender el territorio que consideran como suyo tiene su precio.
Escuela. En Cuba, los ciudadanos que enfrentaron el régimen dictatorial comunista acabaron en el paredón o en la cárcel como reos políticos; otros optaron por emigrar del país en balsas y otros medios, con gran riesgo para sus vidas.
Los que se quedaron en la isla debieron acomodarse al nuevo sistema y aprender a vivir sin incentivos, esperanzas y libertad, en compañía de las limitaciones económicas que significa un salario mensual equivalente a 20 dólares.
En pocos años la población de 10 millones a principios de los años 60 se redujo en más de un quinto. Para el régimen, esa “depuración” significó menos presión civil y política, en tanto la disminuida disidencia ya no representaba una amenaza real y la presión internacional no conseguía interrumpir el camino hacia la tiranía absoluta. Resultado: los Castro y su camarilla se mantienen a la cabeza de una economía aletargada e improductiva que vive de prestado y de las remesas que recibe de aquellos que lograron emigrar.
Un camino similar (o peor) está siguiendo la turbulenta Venezuela de Chaves y Maduro, para mala fortuna de los no alineados, una mayoría de la población. Muchos de ellos han sido recluidos como presos políticos u obligados a emigrar en vehículos o a pie, pues, a diferencia de los cubanos, no viven en una isla. La impresionante contracción en la producción –caída de un 50 % en últimos cinco años– el desabastecimiento general de bienes y servicios y la dislocada inflación, son las consecuencias más notorias de los problemas que causan este tipo de tiranos de ideologías populistas y obsoletas.
Libreto conocido. A juzgar por los hechos acaecidos en Nicaragua desde abril pasado, y siguiendo el libreto de los mentores cubanos y venezolanos, es posible que el conflicto se prolongue y el régimen autocrático comience a estrujar a los empresarios “capitalistas”. Entonces su propósito será desaparecer la economía de mercado, empezando por la distorsión de precios y luego implantando un sistema centralizado en donde el Estado dice qué se produce, cuánto y a qué precio.
Los actos siguientes son conocidos: mala asignación de los recursos, ineficiencia y caída de la producción, desabastecimiento de bienes y servicios, inflación (o hiperinflación), desempleo, pobreza y emigración masiva a países vecinos.
Repercusiones. Prácticamente ningún país puede atender adecuadamente grandes inmigraciones en tiempos relativamente cortos. Ya tuvimos problemas para enfrentar la primera oleada de nicaragüenses en los 80 –más de medio millón, o un octavo de la población costarricense en esos años–. Hoy sabemos que nuestras instituciones no estaban preparadas para atender semejante número de migrantes en ese entonces, como tampoco lo están ahora. No hablemos de sumar la posible llegada de ciudadanos de otros países como Venezuela, o los que podrían venir del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) como corolario de las políticas antiinmigratorias del gobierno de Trump.
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Un nuevo fenómeno migratorio de gran dimensión amenazaría nuestro precario equilibrio social y económico, en momentos de una alta expectativa de vida –envejecimiento de la población (menos tienen que mantener a más)–, sistemas de pensiones en situación precaria, tasas de desempleo y pobreza estancadas, empleo informal por encima del 40 %, alta desigualdad en la distribución del ingreso, déficit de viviendas, congestionamiento vial y contaminación ambiental. Además, el país acusa una situación sumamente complicada en sus finanzas gubernamentales que, de no solventarse, provocará aumentos en las tasas de interés e inflación, a la vez que disminuciones en la inversión y el crecimiento económico.
El Gobierno está muy preocupado por la eventual menor recaudación de impuestos de la que se requiere para una solución decisiva a los problemas de déficit y deuda. Esto lo obligará a realizar mayores recortes de gastos, con afectación directa a la atención de la demanda por más servicios que enfrentará por el aumento poblacional.
El autor es economista.