Las declaraciones de la defensora de los Habitantes son esperanzadoras. Su confesa ausencia de actividad partidista garantiza la despolitización de la institución. La Defensoría no debe ser botín político ni escalera, y la sola presencia de una persona alejada de esas tentaciones es ya una garantía.
Su aplomo en la defensa contra las discriminaciones de toda naturaleza garantiza que las llamadas “minorías” serán acuerpadas para superar sus históricos avasallamientos, a fin de consolidar el orgullo de ser y la dignidad de persona.
Su visión de que la inequidad social, la pobreza y la exclusión son generadoras de violaciones de derechos augura una voz influyente en la definición de políticas públicas.
Ojalá que logre hacerlo y, sobre todo, que logre que la Defensoría deje de ser un sitio que reciba quejas y lleve su conteo anual de casos, para convertirla en un ente que analice los problemas estructurales del Estado que originan tales quejas ,y que deben solucionarse para evitar que, un día tras otro, se sigan presentando las mismas violaciones a distintas personas.
El ideal de la Defensoría debe ser que no se reciba ni una sola queja más, porque los derechos de los habitantes están garantizados para todos en el país.