El transporte marítimo juega un papel cardinal en la economía mundial, pues mueve más del 80% del comercio, a través de buques y contenedores, mediante una red de logística compleja, que no estuvo exenta de los impactos causados por la pandemia. Los puertos, que son extremadamente vulnerables a los shocks económicos y, a la vez, puntos de encuentro para el intercambio de mercancías, sufrieron una serie de restricciones sanitarias que, sumadas a los imprevistos en el comportamiento de los consumidores, provocaron interrupciones del comercio y una alta demanda de bienes, donde destacan, exponencialmente, las compras en línea.
Como resultado de la paralización de los puertos en el mundo y, especialmente, los de China, así como la ausencia de buques disponibles y muchos otros estacionados en tierra, la cadena de suministros se ha visto afectada, generando escasez y un inédito aumento en los costos por flete.
Según el Índice Global de Transporte de Contenedores, el flete era de $1.331 en febrero del 2020. En 2021, había ascendido a $4.530 y, en 2022 a $9.475. El costo se incrementó, en dos años, más de siete veces. En nuestro país, los costos en que se incurre por el transporte de las mercancías que se importan, son considerados en la base imponible para determinar los impuestos por los bienes a nacionalizar, razón por la que, el valor del flete tiene un impacto directo en las mercancías contenerizadas.
Intereses gremiales
Para mitigar ese impacto, cuyos efectos ya no son nada recientes, pero sí urgentes de atender, la Asamblea Legislativa dispensó de trámites un proyecto de ley para aliviar temporalmente los costos de importación, reduciendo la base imponible y trasladando el precio al que existía, aproximado, de previo a la pandemia. A pesar de que no soluciona los temas de desabastecimiento, ni los altos costos del flete propiamente dichos, es un auxilio oportuno en esta crisis multicausal con efecto dominó.
La propuesta ha experimentado desacuerdos entre las cámaras empresariales, según el sector al que protegen: los industriales alegan que la medida favorece a fábricas extranjeras, dándoles una ventaja competitiva artificial y, a su vez, pretenden acciones de política fiscal más integrales, a pesar de que esa, claro está, sería una discusión de distinta naturaleza. Los importadores y cámaras de comercio, urgen su aprobación, en similar sentido al que ya ha actuado Honduras, por ejemplo; pues consideran que existe un beneficio al gremio y, por consiguiente, al consumidor.
Más allá de la protección inmediata de los intereses de los sectores productivos, se debe poner en perspectiva al consumidor, colocándole en un sitio de importancia dentro de esta discusión que, en definitiva, afecta su bolsillo, pues los costos de importación han encarecido tanto materias primas, como bienes de consumo final. Según datos del INEC, el país cerró el 2021 con la tasa de inflación más alta de los últimos siete años y, de los 289 bienes que integran el IPC, el 68% de ellos aumentó de precio.
giancarlocch@gmail.com
El autor el politólogo.
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