29 octubre, 2017

El editorial de La Nació n del 22 de octubre titulado “Eficacia de los reportes de actividades sospechosas” menciona la Ley 8402, conocida como la ley antilavado de activos, y los requisitos de información para las instituciones financieras en Costa Rica en relación con transacciones sospechosas. El editorial expresa su preocupación porque la ley, que pareciera abordar de manera adecuada los problemas del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, se torna menos potente si la atención y los recursos no se dedican a rastrear los informes y el seguimiento de las transacciones sospechosas reportadas. Estas son todas preocupaciones válidas.

Leyes similares que establecen los requisitos para que las instituciones financieras reporten actividades sospechosas han existido en Estados Unidos desde 1992. Estas leyes se han modificado a lo largo de los años para adaptarlas y cambiarlas con el fin de enfrentar nuevas amenazas, como el financiamiento del terrorismo, y expandidas para incluir instituciones financieras más allá de la banca tradicional, como los casinos y agentes y corredores de inversiones. La tarea de recolectar y administrar la información se ha delegado a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Lamentablemente, durante la primera década de su existencia, la información contenida en los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) y las bases de datos fueron subutilizadas por las autoridades porque, entre otras razones, la información no se podía acceder con facilidad, no se recopilaba ni guardaba de tal manera que fuera fácil de clasificar y filtrar, y porque había una falta general de conocimiento de la existencia de estos datos.

Además, hasta hace poco, las agencias encargadas del cumplimiento de la ley rara vez se comunicaban con instituciones financieras para saber si los reportes que presentaban eran tan siquiera útiles. El resultado fue que las instituciones financieras empezaron a cuestionarse si los gastos asociados con la presentación de los SAR se justificaban.

Tecnología. Las buenas noticias son que, tal como acertadamente lo indica el editorial de La Nación, las transacciones electrónicas de hoy se pueden administrar y monitorear con mucha facilidad gracias al uso de las computadoras. Lo mismo sucede con las bases de datos de los SAR. En la actualidad se puede acceder, buscar, clasificar, filtrar y diseminar los datos con facilidad, de manera que el verdadero valor de la información para las autoridades que combaten el crimen es ampliamente conocido.

Como agente especial retirado del FBI que utilizó los SAR de manera exhaustiva a lo largo de mi carrera para iniciar y complementar investigaciones criminales, puedo asegurar sin equivocación que es la base de datos financiera más valiosa que existe relacionada con actividades sospechosas y potencialmente criminales. La información ha desempeñado un papel en el descubrimiento de actividad que ha llevado a procesar judicialmente a algunos de los líderes más notorios de los carteles de la droga, políticos corruptos, criminales de cuello blanco y terroristas.

A medida que Costa Rica avanza hacia el futuro, creo que su experiencia con los reportes de operaciones sospechosas (ROS) reflejará la de Estados Unidos con los SAR.