EscucharLa Confederación de Fuerzas Armadas de Centro América (CFCA) es un organismo militar que reúne a almirantes, brigadieres, generales, comandantes y otras especies de la fauna improductiva que, para desdicha de los pueblos del istmo centroamericano, no se encuentra en peligro de extinción. Ente castrense que, insólitamente, espera la incorporación de Costa Rica a un convenio de cooperación y hermandad al que nuestro Estado no pertenece.
Recientemente, el comandante Daniel Ortega, acompañado del alto mando militar de las fuerzas armadas de Nicaragua, insistió en la necesidad de estrechar lazos existentes entre dicha Confederación y la llamada “Corte de Managua”. Ente judicial contaminado, que permite a la élite militar nicaraguense para que en su sede presente sus “memorias anuales” y otros documentos como la versión del Gobierno de Ortega sobre la invasión de isla Calero.
Hablamos de la muy desconocida Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), conformada por Nicaragua, El Salvador, Honduras y, recientemente, por Guatemala. Corte con sede en Managua que, como al Parlamento Centroamericano (Parlacen), los costarricenses hemos dicho reiteradamente no a la idea de que el Estado se someta a su jurisdicción y caprichos. Corte que además, en consideración al muy arraigado principio constitucional que proscribe el Ejército como institución permanente, colocaría al Estado costarricense en una posición tal que podría devenir, por lo anotado, en una inconstitucionalidad por su vinculación inevitable a los ejércitos regionales “amigos”.
Ahora que su actual presidente anual, un hondureño deseoso de figurar antes de terminar su mandato el próximo 7 de febrero, pretende salir del anonimato con actos sin sustento jurídico contra Costa Rica, se han de conocer ciertas particularidades que se dan alrededor de esa corte ístmica. Como, por ejemplo, que, pese al escaso trabajo que la caracteriza y a la posibilidad de nombrar a solo un magistrado por nación, por acuerdo interno dispuso nombrar dos, cada uno con salario superior a $10.000 mensuales, entre otras regalías excesivas.
Para financiar tales injustificables gastos, además de tener que pagar una “cuota de inscripción” de $300.000, por ese “privilegio”, cada Estado tiene que desembolsar medio millón de dólares anuales (unos ¢260 millones). Gastos injustificables que reflejan (como sucede en el Parlacen) que la Corte Centroamericana ha pasado a ser hábitat de funcionarios y políticos que gozan de beneficios reservados para algunos de los “bien conectados” en cada país de origen.
Actos aberrantes. Por eso no son de extrañar los actos torpes que su actual presidente ha venido cometiendo desde el momento en que, quizá de acuerdo con la presidencia de Nicaragua, unos testaferros de Ortega, jugando a ambientalistas, presentaron una acusación contra Costa Rica por la construcción de una trocha que se construye en zonas cercanas a la ribera costarricense del río San Juan. Pues bien, pese a que dicha Corte ha tomado acuerdos que buscan promover la incorporación de Panamá y Costa Rica “para que se constituyan en partes de ella”, su presidente, deslumbrado por las luces de la televisión nicaraguense, pretende forzar la incorporación de nuestro país en forma ilegal, irrespetuosa y, si se quiere, ridícula.
Así, como parte de sus ásperos argumentos, el señor este (graduado en Derecho Comercial) desconoce que para que Costa Rica pase a formar parte de ese convenio internacional, este tendría primero que ser firmado por el Poder Ejecutivo y luego aprobarse por mayoría calificada en nuestra Asamblea Legislativa, donde no tiene ni un voto para su virtual aprobación. Y ello para justificar el haberle dado curso a una demanda de supuesto daño ambiental contra un Estado que no pertenece a la “Corte de Managua” y ante el cual, obviamente, ella ejerce la misma autoridad que tendría un juzgado distrital de una pequeña isla del Pacífico sur.
Asimismo, como para no pasar inadvertidos en su ridículo actuar, la Corte le ha dado curso a una demanda en que se reclama la “destrucción” del gran río San Juan de Nicaragua, sin que los “ambientalistas” hubieren probado el sustento de su demanda. De esta forma, los magistrados de Nicaragua, El Salvador y Honduras estarían actuando como un tribunal de probidad medieval, donde el demandado (Costa Rica) tendría que demostrar la falsedad de la demanda presentada sin aportar pruebas. Y todo ello contra un Estado para el cual todo lo que haga o no haga dicha Corte le es indiferente, aunque por sus actos hostiles estaría poniendo obstáculos irresponsables al proceso de integración comercial del Istmo.
Pero lo más insólito es que todo este sainete se inventa como respuesta a la construcción de una trocha rústica por donde Costa Rica no acepta que se le cuestione su soberanía. Trocha que jamás se podría decir tiene un impacto ambiental de gran magnitud, solo porque quizá en tramos de dos o tres metros, ¡de los 160.000 metros por donde corre!, algunos pocos sedimentos habrían caído y diluido en un río con un caudal de unos 1.600 m³/segundo, generado principalmente a partir de los ríos costarricenses Sarapiquí y San Carlos.
Y, para finalizar, como en pocos días termina la presidencia rotativa del "juez" Lobo, que será sucedido por un magistrado nicaraguense, nos atrevemos a mandarle un mensaje a Ortega y Lobo a través de sus testaferros: ¡Dígales que, ante estas circunstancias, los costarricenses jamás vamos a someternos a la autoridad de la desprestigiada Corte!
¿O alguien podría imaginarse un juez nicaraguense actuando justicieramente en un eventual caso contra Costa Rica?
