En días pasados, La Nación publicó un reportaje y un editorial sobre el problema de los profesores interinos de la Universidad de Costa Rica (UCR). Precisamente por su relevancia, conviene considerar este asunto desde una perspectiva histórica.
Para empezar, el interinazgo docente es un fenómeno que ha acompañado a la UCR a lo largo de su historia y su origen se relaciona con tres procesos estructurales estrechamente conectados.
El primero consiste en que los profesores propietarios de la institución tienen que ser regularmente sustituidos porque son invitados a impartir cursos en el exterior, porque se hacen acreedores a licencias sabáticas, porque pasan a laborar temporalmente en alguno de los poderes de la República (ministros, embajadores, diputados, entre otros) o simplemente por razones de incapacidad temporal o maternidad.
Un segundo proceso se vincula con la dinámica propia del gobierno universitario: para que cientos de personas puedan ejercer funciones como directoras y subdirectoras de escuelas y departamentos, de centros e institutos de investigación, de programas de posgrado, de revistas y de otras importantes actividades académicas, se les reduce la carga docente, la cual es asumida por los interinos.
Finalmente, el tercer proceso atañe a los académicos a quienes se les autoriza tiempo para realizar actividades de investigación o de acción social: las labores docentes que ya no desempeñan, las realizan los interinos.
Intensificación. La explosión actual del interinazgo docente en la UCR se explica, sin embargo, por tres situaciones recientes. La primera y más evidente es que el crecimiento y la diversificación de la institución han hecho que se expanda extraordinariamente el número de docentes dedicados a la administración, a la investigación y a la acción social.
Tal expansión ha ocurrido precisamente en un momento en el que la matrícula de la UCR ha experimentado un importante aumento, al ascender de 26.870 a 41.236 estudiantes entre los años 2000 y 2016, para un crecimiento del 53%.
Por último, únicamente en el período 2005-2010 se jubilaron 812 académicos, que representan el 47,1% del número de profesores propietarios (1.726) que actualmente laboran en la UCR.
Precarización. La precarización de las condiciones de los académicos interinos en la UCR se remonta a la década de 1970, cuando la UCR debió contratar cientos de docentes para responder al crecimiento de la matrícula. En tales circunstancias, la institución hizo todo lo posible para ahorrar en el rubro de la docencia. Tal situación fue reforzada por la crisis de 1980 y por los ajustes económicos promovidos por los organismos financieros internacionales.
El objetivo principal de las autoridades universitarias fue ahorrar recursos a costa de los docentes interinos para financiar otras actividades como la investigación, la acción social, los estudios de posgrado y, por supuesto, la expansión de todo el aparato burocrático administrativo, que tiene como plazas fuertes las cinco vicerrectorías existentes en la institución.
En este contexto, los profesores interinos quedaron entre la espada y la pared: por un lado, la UCR empezó a elevar los requisitos mínimos necesarios para que los académicos adquirieran la propiedad de sus plazas; por otro, los funcionarios administrativos podían adquirir la propiedad de las suyas en menos tiempo y con muchos menores requisitos (recuérdese que la propia hija del actual rector, Henning Jensen, se desplazó de la esfera académica a la administrativa).
De esta manera, mientras había académicos que permanecían interinos por largos períodos pese a tener títulos de licenciatura y posgrado, funcionarios administrativos, a veces con solo el título de bachiller en la segunda enseñanza, adquirían a corto plazo puestos en propiedad y los beneficios inherentes a tal condición. Actualmente, los interinos representan el 68% de los docentes, pero solo el 19% del personal administrativo.
Diferencias. Lejos de ser un todo indiferenciado, hay importantes disimilitudes entre los profesores interinos de la UCR. En primer lugar, se debe distinguir entre quienes están nombrados a plazo fijo por períodos específicos y los docentes interinos que tienen continuidad laboral, a los que se les pagan los doce meses del año.
Adicionalmente, es necesario diferenciar entre los interinos con reserva de plaza y los que carecen de tal condición: quienes sí la tienen, pueden adquirir la propiedad una vez que cumplan con determinados requisitos, como obtener su doctorado.
Desde este punto de vista, ciertamente es injusto que una proporción de los docentes interinos permanezcan por varios años en condiciones laborales muy precarias, pero aun en el caso de esta injusticia es fundamental distinguir entre dos situaciones extremas.
Mérito. La primera se refiere a que hay unidades académicas en las que los directores se resisten a que las plazas disponibles sean adjudicadas mediante concursos de antecedentes, a veces por el interés de que esas plazas se adjudiquen de manera más competitiva, y en ocasiones simplemente para asegurarse un determinado balance de poder interno. Sobre esto último se conoce poco, ya que indagar al respecto podría resultar contraproducente, máxime en una institución como la UCR, tan sumida en la política electoral y tan dominada por el clientelismo político.
La segunda situación se relaciona con que existe un sector de profesores interinos cuya posibilidad de adquirir la propiedad es muy limitada porque el título de que disponen (licenciatura) podría ser insuficiente, no investigan ni publican y por lo general se limitan a cumplir con el mínimo necesario que les exige el contrato laboral. Tales personas, además, enfrentan la competencia creciente de jóvenes graduados más competitivos.
Si bien podría parecer un asunto de justicia elemental dar plaza en propiedad a todos los interinos, el problema de fondo es que, si algo así fuera posible y se llevara a cabo, se dejaría completamente en un segundo plano la cuestión del mérito académico.
Plazos. La desinterinización académica en la UCR se ha convertido en un proceso lento porque, entre la década de 1970 y el presente, los plazos de graduación de los estudiantes se han alargado, con la consecuencia de que cada vez más los nuevos cuadros docentes alcanzan el título de maestría después de los treinta años y el de doctorado luego de los cuarenta años.
Tales plazos, aparte de retrasar la posibilidad de las personas de adjudicarse una plaza en propiedad, tienen dos consecuencias indeseables: la etapa intelectualmente más creativa y productiva del académico transcurre mientras mantiene la condición de estudiante, y cuando logra su doctorado, está próximo a la jubilación.
Sería importante que la UCR empezara a preocuparse seriamente por la edad a la que sus futuros cuadros académicos obtienen los títulos de licenciatura, maestría y doctorado según las distintas carreras, de manera que se puedan implementar medidas efectivas para reducir el tiempo entre la terminación de los estudios y la presentación de las tesis correspondientes.
Privilegios. Evidentemente, que a un académico se le paguen doce meses al año no es un privilegio, sino un derecho fundamental. El que a una proporción de los profesores interinos se les niegue este derecho dice mucho de la inhumanidad que habita en la UCR desde hace mucho tiempo.
Ciertamente, podría parecer que el pequeño grupo de profesores propietarios que devengan salarios iguales o superiores a los tres millones de colones mensuales constituyen una minoría privilegiada, pero aun en este caso hay que recordar que, calculadas en valores constantes, la base salarial de un catedrático de la UCR en el año 2016 era un 22,7% menor que la de 1979.
Asimismo, hay quienes podrían creer que al reducir drásticamente esos salarios le harían un favor al país, pero lo único que lograrían sería crear fuertes incentivos institucionales para que los mejores cuadros intelectuales y científicos de Costa Rica busquen horizontes más promisorios en otras tierras.
El autor es historiador.