EscucharEn el siglo XIX, matronas y obstetras franceses de la época se enfrentaban a las alarmantes cifras de mortalidad en recién nacidos prematuros.
Los estudios de la época buscaban recrear el modelo utilizado por las granjas avícolas, que proveían un ambiente con la humedad y temperatura adecuadas para el crecimiento o reproducción de las aves, bajo condiciones externas controladas. Gradualmente, a este modelo llamado incubadora se le implementaron mejoras que permitieron obtener los dispositivos que conocemos hoy en día, gracias a los cuales se han elevando significativamente los índices de supervivencia de los neonatos.
No es casualidad que ese mismo término haya sido adoptado, en la década de los cincuentas, para designar a aquellas organizaciones dedicadas a apoyar la creación y fortalecimiento de nuevos comercios, a través de la atención y el acompañamiento necesarios durante su etapa de vida inicial, de manera que estas empresas fuesen capaces de afrontar las condiciones del mercado en el que se desenvuelven.
Este proceso de creación requiere, a su vez, la integración de actores que se entrelazan como eslabones en una cadena de valor. El Estado, mediante la generación de política pública, establece el norte que el país debe tener para reactivar su economía. A este proceso se unen las universidades, generadoras del saber y la formación de los profesionales que el país demanda, así como del proceso de transferencia del conocimiento con el sector productivo.
Un tercer actor son las empresas, ya sea aportando recursos para apoyar programas de emprendedurismo, o bien estableciendo sinergias con el Estado y las universidades, como complemento de un mismo fin. El financiamiento es el cuarto elemento que completa los tres anteriores; es decir, de dónde se obtienen los recursos para que estas iniciativas de incubación alcancen sus objetivos.
Promoción activa. Al realizar el análisis retrospectivo sobre los principales componentes de esta cadena de valor (Estado, universidades, empresas y financiamiento), es claro que la integración efectiva y armoniosa de ellos constituye uno de los principales retos como emprendedores, y como país. Afortunadamente, el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos por establecer normativa e instancias específicas para promover las iniciativas de emprendimiento y la incubación de nuevas empresas con este perfil.
Las universidades como grandes gestoras del conocimiento, poco a poco, han mejorado estratégicamente este vínculo con el sector productivo nacional, en búsqueda de una relación “ganar-ganar”. Ejemplo de ello lo constituyen los programas de emprendimientos y, más recientemente, la creación de incubadoras y aceleradoras de negocios como parte integral de su quehacer.
Por su parte, las empresas reconocen los beneficios del apoyo a la incubación, que no solo se ve reflejado positivamente en sus estados financieros (como la participación accionaria, en el caso del capital de riesgo) sino, también, en cuanto a responsabilidad social empresarial, requisito indispensable en procesos de evaluación de calidad. El financiamiento podría ser, entonces, una de las principales dificultades, dada las múltiples necesidades que deben cubrirse y los escasos recursos para atenderlas.
Iniciativas como la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, la creación de la Red Nacional Incubadoras Aceleradoras (RNIA) y el recién aprobado contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, constituyen importantes esfuerzos para contar con fuentes de financiamiento que complementen la labor de las incubadoras.
Vincular efectivamente los elementos antes descritos constituye un desafío como país. El apoyo de la reactivación de las economías incrementa efectivamente los índices de superviviencia de las empresas incipientes y, por ende, hace realidad cientos de ideas de negocio, tanto de emprendedores como de las pymes.
