La gobernanza criminal se define como la forma de designar un Estado en el cual los delincuentes toman el poder en parte o en su totalidad. Se trata de la capacidad que tienen estos grupos para ejercer un poder paralelo al del Estado y cercenar su soberanía utilizando medios ilegales para alcanzar sus objetivos
De acuerdo con Benjamin Lessing de la Universidad de Chicago, un 13 % de la población en América Latina y el Caribe es víctima de un esquema de gobernanza criminal. Brasil, México y Haití son los mejores ejemplos.
Debido a su turbulento pasado, Haití experimenta una forma de gobernanza criminal marcada por la corrupción, el narcotráfico, la violencia y la falta de justicia sistemática. La situación sugiere que la posibilidad de convertirse en una nación soberana funcional se aleja cada vez más.
Desde su independencia en 1804, sufre una serie de crisis políticas, económicas y sociales que dificultan su desarrollo. Al aplicarse los criterios establecidos por el Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU, Haití calza en lo que sería un Estado fallido.
La nación perdió el control de su territorio debido a la presencia de grupos armados que operan en la impunidad. Además, la autoridad legítima para tomar decisiones colectivas es impedida por la corrupción y la inestabilidad política. Asimismo, carece de capacidad para interactuar eficazmente con otros Estados.
El Estado ya no puede proveer servicios públicos básicos, como atención médica y educación, lo que resulta en una crisis humanitaria. El magnicidio del presidente Jovenel Moïse en el 2021 retrasó aún más el progreso democrático de Haití.
Moïse había sido elegido con una débil participación del 18 % de la población en las elecciones, se comprometió a reformar la Constitución y solucionar el problema de inseguridad. Sin embargo, su mandato se vio empañado por su intento de convertir a la quebrantada nación de Haití en una autocracia, su implicación en un escándalo de corrupción con programas petroleros financiados por Venezuela y alianzas con grupos armados para la intimidación de sus oponentes.
Los grupos armados y pandillas están en crecimiento y la soberanía restante se desgasta. En un país con un 65 % de la población atormentada por el hambre, el asesinato de Moïse no solo fue un acto de violencia desgarrador, sino también un duro golpe para la socavada estructura democrática.
A pesar de cumplir con los criterios de condición de Estado, establecidos en la Convención de Montevideo, la capacidad en Haití para ejercer el monopolio de la violencia legítima, rasgo particular de todo Estado moderno, vive en constante amenaza.
Romper el ciclo de más de 200 años de inestabilidad es esencial para garantizar la seguridad y estabilidad del país, y para asegurar que pueda proveer las necesidades más básicas a sus ciudadanos. Para que el pueblo haitiano prospere, es crucial fortalecer su soberanía y así asegurar su independencia, autodeterminación y desarrollo.
Una nación soberana es capaz de tomar decisiones sin interferencia externa, lo que facilita establecer políticas y programas que beneficien directamente a la sociedad.
También ayudaría a tratar las causas subyacentes de la crisis y promover que el país establezca relaciones simbióticas con otros Estados para la protección de los derechos humanos y la distribución equitativa de los recursos.
El autor es estudiante de secundaria.
