Nosotros, los ciudadanos, vemos con creciente indignación cómo tienen lugar, uno tras otro, casos de corrupción con nuestros fondos públicos. Además de rabia, el sentimiento más generalizado entre nosotros es el de la impotencia, porque qué podemos hacer.
Hasta el momento, carecemos de un mecanismo, eficaz y práctico, que posibilite la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Pero esto puede y debe cambiar mediante la creación de grupos de escrutinio ciudadano, que se podrán conocer con el nombre de guecos.
Desde hace unos años vengo promoviendo esta idea, que tiene dos facetas. La primera es que será necesario que el Congreso adopte la legislación que haga falta para obligar a toda entidad estatal y privada que administre fondos públicos a publicar en sus respectivos sitios web toda información relevante y material en lo relativo a la gestión de esos recursos, y a hacerlo de manera oportuna.
Lograr que toda la información que sea material y relevante quede visible es condición necesaria, pero no suficiente. Se requieren personas con las competencias necesarias para dar seguimiento y analizar críticamente esa información. Esa es la segunda faceta: crear guecos para cada entidad.
Para ello, existe un segmento de nuestra sociedad que podría incorporarse a la labor de fiscalización ciudadana: los profesionales pensionados. Son miles y, en no pocos casos, muchos sufren depresión por no tener alguna actividad que les haga sentir útiles.
Así, por ejemplo, podría formarse un gueco con profesionales pensionados para el escrutinio del MOPT. Se organizarían para dar seguimiento y análisis a todo lo relativo a la gestión de fondos públicos que hace ese ministerio.
Si detectan alguna anomalía, envían una carta firmada por la mayoría de los miembros del gueco al jerarca de la institución con copia a la Contraloría General de la República, a diputados y a medios de comunicación, además de publicarla en el portal digital de los guecos, que oportunamente se pondrá al aire.
Así, cada ministerio, cada institución autónoma, cada municipalidad y cada organización privada que recibe fondos públicos tendrá su respectivo gueco.
Me pregunto: de haber estado en funcionamiento los guecos, ¿habríamos tenido una advertencia temprana sobre lo que ocurría en el Conavi y en las municipalidades? Posiblemente sí.
Los casos de corrupción descubiertos recientemente son un ejemplo dramático de cómo el fenómeno perjudica gravemente a la sociedad como un todo; no solo en el ámbito económico, por los miles de millones malversados, sino también en el campo político, porque agudiza la falta de credibilidad de los ciudadanos en el sistema de gobierno, así como en el judicial, porque crece la desconfianza ciudadana en la capacidad de los tribunales de castigar a los poderosos.
La corrupción debilita el pacto social y pone en riesgo la estabilidad del sistema democrático. Luchar contra la corrupción en el sector público con la complicidad de elementos del sector privado es una prioridad ética, política y social.
Los ciudadanos no podemos continuar siendo testigos indignados pero pasivos. Podemos ejercer, a través de la labor desinteresada y ad honorem de miles y miles de profesionales pensionados, una labor eficaz de control ciudadano para asegurar el uso correcto, eficiente y razonable de nuestros fondos públicos.
El autor es filósofo.