Grafitis, propiedad y libertad de expresión

El grafiti y el arte callejero pueden ser controversiales, como en este caso, pero a la vez son medios de cambio social, de protesta o de expresión colectiva. En la calle, el grafiti adquiere un sentido antiinstitucional y es perseguido o sancionado. Pero a las instituciones también les encanta, y grafiteros como Banksy o Jean-Michel Basquiat se cotizan en galerías de arte por varios millones de dólares, pese al contenido polémico de sus mensajes.

Fundamentalmente, estamos ante un conflicto entre dos grandes principios de la democracia occidental: la santidad de la propiedad privada y la libertad de expresión. Pero ninguno de estos principios es absoluto, se entremezclan y chocan de manera permanente.

A principios de este año, un grupo de 21 grafiteros fueron indemnizados con $6,7 millones tras el blanqueamiento que sufrieron sus obras realizadas en la fachada del edificio 5Pointz en Nueva York, Estados Unidos, edificio que, posteriormente, fue derrumbado para la construcción de lujosas torres residenciales.

Por años, el inversor inmobiliario toleró y permitió que los grafiteros intervinieran las paredes del complejo industrial, que se convirtió en atracción turística, y luego demolió sus obras sin permitirles rescatarlas.

Herramientas de expresión. El experto italiano en arte Emilio Fantin sostiene que los artistas del grafiti parecen querer abolir la idea de la propiedad, simbolizada por los edificios, mediante el uso de las fachadas como herramientas de expresión. La lucha contra el principio de propiedad está directamente asociada a la expresión de la libertad, especialmente para aquellos trabajos de grafiti o frases que denuncian abusos de poder y discriminación.

El grafiti es perecedero, pero puede resonar mucho después de ser limpiado de las calles. Los muros del barrio La California, en San José, son una galería abierta que continuamente combina grafitis profesionales con expresiones más aficionadas, políticas y mundanas sobre la experiencia urbana en nuestro país.

En algunos casos, se trata de murales autorizados por los propietarios del inmueble; en otros, no. Todas son obras que nacen y mueren constantemente, sea por intervención del propietario de la pared, de otros terceros o del clima, que permanente compiten por el espacio, creando un sitio de expresión que crece cada año al este de la capital.

El valor no lo exime del conflicto. El grafiti puede ser ilegal incluso cuando no dañe al dueño de la propiedad; una obra en realidad puede aumentar el valor económico o estético de la propiedad pintada, pero no deja de ser ilegal si no cuenta con la autorización, aunque sea posterior, del propietario.

Eso no significa que el grafiti sea delito y vandalismo per se. Un grafiti, incluso cuando sea ilegal y tenga dudoso valor artístico, entra bajo el dominio de la libertad de expresión y no debe ser objeto de ninguna sanción penal, siempre y cuando no incurra en un llamado a la apología del odio, tal como lo establecen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y numerosos pactos internacionales y regionales, que vale la pena recordar.

“Artículo 13.- Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

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Dos caminos. Como sociedad, podemos asociar el actuar de los jóvenes detenidos con la decadencia de comunidades fuera de control, o valorarlo como una forma de expresión social, prohibida, aunque real y viva. Podemos coincidir en dos cuestiones, el responsable de toda obra debe asumir su costo y recibir su recompensa, el tiempo borrará las marcas, pero las expresiones del grafiti permanecerán en nuestra sociedad.

El autor es asesor parlamentario y vecino de barrio La California.