EscucharEl tipo de gobierno que una sociedad apoye puede tener un impacto positivo o negativo en las instituciones que conforman el Estado. Llama la atención cómo en el país se da un apoyo dividido a dos tipos de gobierno en particular: el de las leyes y el de las personas.
Un gobierno de las leyes designa un tipo de administración de la cosa pública donde las reglas de juego y los controles establecidos permiten una participación política indiscriminada pero condicionada al respeto de esas reglas de juego, la sujeción al principio de legalidad y a que los controles puedan ser efectivamente aplicados.
Por su parte, el gobierno de las personas hace referencia a un tipo de administración de la cosa pública donde es común interpretar las reglas de juego de acuerdo con los intereses de los gobernantes, creando confusión sobre los procedimientos legales existentes y cercenando los controles que deberían limitar el ejercicio del poder.
La atención en el gobierno de las personas está puesta en quién ejerce el poder, mientras que para el gobierno de las leyes es de capital importancia cómo se ejerce el poder.
El lector podrá hacer la observación de que en un gobierno es tan importante lo uno como lo otro, y en esto lleva razón; no obstante, en los últimos años parece haberse incrementado el apoyo al gobierno de las personas en detrimento del de las leyes, principalmente, como reacción ante la incapacidad de los gobiernos de turno de acortar significativamente las brechas sociales.
Voto por la persona. El énfasis que se le da en el país a quien tiene el poder se debe también a que los ciudadanos votan pensando más en las personas que en las ideas, revelando una fijación, propia de las sociedades de masas, hacia la personalidad del líder desatendiendo sus competencias.
La fe que se deposita en el líder le otorga mucha discrecionalidad en el ejercicio del poder, la cual es reforzada movilizando constantemente a la ciudadanía en favor de las políticas impulsadas por el gobierno, fabricando así la percepción de que el líder cuenta con una gran aceptación popular.
Nótese que la distinción entre ambos tipos de gobierno trasciende la que existe entre gobiernos de derecha, centro o izquierda, puesto que tanto el gobierno de las personas como el de las leyes pueden darse en cualquiera de los tres, aunque es razonable suponer que en los extremos del espectro político el gobierno de las personas tenga una mayor incidencia, por cuanto en una situación de radicalización ideológica el rango de lo justificable en la práctica se extiende mucho más allá de lo legalmente permisible. Lo cual constituye un problema para países con instituciones fuertes, no así para países con instituciones frágiles, donde cambios radicales pueden eventualmente favorecer la consolidación de un sistema de participación democrática.
Es así que no todo es ignominioso en un gobierno de las personas, ya que ofrece a los ciudadanos la opción de sumarse a la voluntad general, al convertirse en un estímulo para la participación política, aunque, en el peor de los casos, sea solo como parte de una movilización orquestada desde arriba. Cosa que no encontramos en el gobierno de las leyes, cuyo procedimentalismo acarrea el riesgo de apresar al ciudadano en una red burocrática potenciando una ciudadanía cada vez más desmovilizada.
Los dos caminos. ¿Cuál camino le conviene al Estado? Si estamos pensando en un Estado democrático, el gobierno de las leyes es el indicado. Un gobierno de las personas, al estar enfocado en quién ejerce el poder, brinda la oportunidad de que este pase de un grupo a otro con objeto de corregir el desbalance del poder en la sociedad (algo que también puede obtenerse con un gobierno de las leyes), sin suponer necesariamente una mejora sustancial en las instituciones imperantes, en muchos casos el resultado es lo opuesto.
En contraste, un gobierno de las leyes, al estar abierto al pluralismo y el disenso, con su sistema de pesos y contrapesos permite, en principio, resolver cualquier conflicto en un marco de legalidad otorgando un papel medular a las instituciones democráticas a la vez que extiende una presión sobre los involucrados para que mejoren esas instituciones continuamente haciéndolas más inclusivas y sostenibles.
Se concluye, por tanto, que el éxito de un proyecto democrático no depende tanto de si los “buenos” se hacen con el poder, como de la medida en que las reglas de juego estipuladas impulsen adecuadamente su coejercicio.
El autor es filósofo.
