Gilberto Monge: Rescate del rezago en infraestructura vial

El plan se encuentra en el expediente 18.001 y se denomina Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, iniciativa que contempla transferir el 1,5% del presupuesto del Poder Ejecutivo de forma gradual en tres años.

La suma real de la transferencia es ¢63.000 millones y no ¢800.000 millones, como erróneamente lo han consignado algunos medios de comunicación.

Para verificar esto no es necesaria una investigación periodística o una inversión grande de tiempo y recursos, solo leer el proyecto de ley. Un ciudadano informado es un activo fundamental para la democracia y, por tanto, es importante despejar algunas dudas.

Los recursos para el mantenimiento y la construcción de la red vial cantonal provienen del impuesto único a los combustibles, consignado en la Ley 8114. La propuesta 18.001 no pretende aumentar este gravamen, sino una redistribución de los recursos actuales.

Uno de los puntos esenciales de la propuesta es el traslado de dinero de forma gradual durante tres años. Por ello, el déficit fiscal del país no sufrirá impacto alguno.

Al cumplirse el tercer año, el traslado significará un 0,23% del PIB. Es importante comunicar que, en el primer año, Hacienda trasladará un 5% (¢21.000 millones); el segundo, un 5% más –es decir, llegaríamos al 10% (¢42.000 millones)–; y en el tercero, se alcanzaría el 15% del dinero del impuesto único a los combustibles (¢63.000 millones).

Mayor desarrollo. Uno de los impactos indirectos de esta propuesta es el fomento del crecimiento y la creación de micros, pequeñas y medianas empresas en los distintos cantones, puesto que sectores como el agro y el turismo podrán abrirse así campo al tener caminos vecinales en buen estado.

Contar con mejores caminos es una herramienta para el progreso de las comunidades; por lo tanto, más emprendimientos y la creación de más puestos de trabajo irán de la mano con las más opciones que tendrán el transporte público y de carga para los usuarios. Con la mejora de las rutas cantonales se abre, también, la posibilidad de atraer nuevo inversión a los cantones, lo cual generaría un mayor dinamismo de la economía.

El proyecto 18.001 amplía la definición de la vía pública en los cantones, incluyendo en la potestad municipal la construcción de aceras, pasos peatonales, señalización y ciclovías.

Con esta nueva alternativa proveniente del concepto del “nuevo urbanismo”, los gobiernos locales podrán construir ciudades y comunidades más accesibles, en sinergia con el ambiente. Se desarrolla así un propósito de las alcaldías en cumplir con los derechos de los peatones, personas con discapacidad y adultos mayores.

La competencia plena y exclusiva de la red vial cantonal no la tienen las municipalidades actualmente, ya que se debe coordinar los proyectos con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Además, la señalización debe ser elaborada y ejecutada por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

En esta propuesta cambia este escenario y, por lo tanto, podemos hablar de que las municipalidades tendrán competencia plena y exclusiva en las rutas cantonales.

Es hora de que Costa Rica camine y deje las ataduras del centralismo que imponen un injusto pesar en el desarrollo de las comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), zonas donde se encuentra la mayor cantidad de productores agrícolas, ganaderos y emprendedores en el campo del turismo.

Los diputados tienen en sus manos escribir una historia positiva para el país y para aquellas comunidades que los apoyaron a llegar hasta donde están y que confían en que su voto hará la diferencia que tanto añoran.

(*) El autor es vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, y alcalde del cantón de Mora