Dyalá Jiménez y Victoria Hernández. 4 septiembre

Esta semana se discute en el plenario el proyecto de ley Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, tramitado bajo el expediente 21303.

El texto es una iniciativa formulada por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), con la participación de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el acompañamiento técnico del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) como entidad que coordina el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El objetivo principal es fortalecer la figura de las autoridades a cargo de velar por que en el mercado haya competencia, a saber, Sutel en el sector de telecomunicaciones y Coprocom en todos los demás mercados. En este momento, la Comisión es un órgano de desconcentración máxima y se le propone dar personería jurídica instrumental.

Fortalecer las autoridades de competencia de nuestro país es una acción necesaria para proteger al ciudadano, modernizar nuestro mercado y dinamizar la economía.

La búsqueda del fortalecimiento de estos entes públicos es una acción del gobierno como parte de su agenda de reformas para la pronta incorporación del país a la OCDE y así lograr un sello como país de alta competitividad.

Formar parte de un grupo de menos de 40 países en el mundo que procuran desarrollar las más adecuadas políticas públicas en beneficio de las vidas de los ciudadanos, tendrá impacto en los costarricenses a corto, mediano y largo plazo, pues el Estado debe modernizarse continuamente para mejorar los índices de desarrollo, como lo hacen esos países hoy en la OCDE.

Así, lo han entendido también los diputados, en particular, los nueve miembros de la Comisión Especial OCDE, que han avanzado decididamente en esa agenda nacional.

Trabajo de las autoridades. El gobierno ve en este proyecto la posibilidad de contar con mejores herramientas para garantizar un buen comportamiento de las empresas en el mercado.

Recordemos que las autoridades de competencia hacen esencialmente tres cosas: a) funcionan como un tribunal administrativo para resolver denuncias contra empresas por supuestas prácticas anticompetitivas, o por abuso de su posición en el mercado, y establecen sanciones, después de un debido proceso; b) valoran las concentraciones o compras entre empresas en un mismo sector para evitar que afecte negativamente a los ciudadanos; y c) realizan estudios de mercado para definir si es necesario modificar conductas, normas o leyes para que en determinados sectores mejore la competencia.

¿Cómo afecta al ciudadano esta iniciativa de ley? Para responder esta pregunta, es necesario hacer una valoración en función del rol que se cumple en el mercado, ya que repercute en el ciudadano tanto cuando se concibe como consumidor como cuando se concibe como empresario.

Desde el punto de vista del ciudadano como consumidor, contar con autoridades de competencia robustas, con facultades para velar eficazmente por que haya competencia en las diferentes áreas del quehacer económico se verá traducido en precios más bajos, aumento de la oferta, en cuanto a la variedad y calidad de los productos que se podrán adquirir.

Lo anterior, debido a que las autoridades van a tener la posibilidad de efectuar su trabajo en las tres áreas descritas arriba con más conocimiento técnico, independencia y herramientas.

Para el empresario, la defensa de la competencia permite que se genere más espacio para ofrecer su producción de bienes o servicios, puesto que más competencia alienta la innovación y la competitividad empresariales.

Las pymes, por ejemplo, necesitan acceder a insumos más baratos, al crédito para innovar o para invertir y a espacios comerciales (físicos o virtuales) para colocar su oferta.

Aprovechamiento de recursos públicos. También nos afectará a todos los ciudadanos porque los fondos del presupuesto nacional, que son nuestros, serán utilizados mejor si los precios en las compras públicas bajan. El Estado es un comprador importante en el mercado.

En definitiva, fortalecer las autoridades de competencia de nuestro país es una acción necesaria para proteger al ciudadano, modernizar nuestro mercado y dinamizar la economía.

Los legisladores tienen en sus manos un proyecto de ley que impactará en la calidad de vida de todos los costarricenses, por lo cual este avance nos llena de optimismo.

Victoria Hernández: ministra de Economía, Industria y Comercio.

Dyalá Jiménez: ministra de Comercio Exterior.