La economía enfrenta un contexto externo e interno difícil. Después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se restableció gradualmente la calma y la confianza en los mercados financieros internos, y hubo una reducción de la prima por riesgo en los mercados externos. Esta mejora se manifestó, entre otras maneras, en el acceso del gobierno al financiamiento interno en condiciones más favorables y en la estabilización del mercado cambiario.
Sin embargo, la producción se desaceleró en la primera mitad del año, el desempleo permanece en niveles muy altos y el empleo informal aumentó en comparación con el primer trimestre del 2018.
Buena parte del deterioro se debe a un entorno internacional adverso. La economía mundial se está desacelerando, especialmente, por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, la incertidumbre sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la ralentización del comercio mundial. De hecho, los organismos internacionales y muchos bancos centrales han empezado a rebajar las proyecciones de crecimiento mundial y de sus propios países, y han relajado su postura de política monetaria reduciendo tasas de interés directamente o anunciando una trayectoria más baja para las tasas futuras. La expectativa de tasas de interés más bajas y condiciones financieras internacionales más favorables ha operado como mitigadora de la desaceleración mundial.
Los precios de algunos productos claves de exportación han caído en los mercados internacionales, notablemente, los de piña y café, mientras que los del petróleo han aumentado en relación con su nivel a finales del 2018 (aunque la caída reciente es un alivio). El más bajo nivel de los términos de intercambio (es decir, de la relación de precios de exportaciones a precios de importaciones) en comparación con lo previsto afecta el poder adquisitivo.
La profunda recesión en Nicaragua también ha golpeado fuertemente las exportaciones costarricenses a ese país y a otros de Centroamérica. Además, la actividad económica se ha visto afectada por condiciones climáticas adversas para la agricultura.
Problemas en casa. La actividad económica también sufre por factores domésticos. A pesar de la confianza y tranquilidad que se perciben en los mercados financieros nacionales después de la aprobación de la reforma fiscal, no se ha traducido aún en mejoras en el consumo o la inversión. De hecho, las encuestas siguen mostrando niveles altos de desconfianza, incertidumbre y pesimismo entre los consumidores y los inversionistas.
Si bien las perspectivas fiscales a mediano y largo plazo son ahora mejores que antes de la reforma, la fiscalidad sigue generando inquietud, la cual parece derivarse, principalmente, de la incertidumbre expresada por muchos agentes económicos en relación con el impacto que tendría sobre su situación individual la entrada en vigor de las nuevas disposiciones tributarias y el hecho de que, aun si se cumplen en forma plena las disposiciones de la reforma, tomará varios años para que se equilibren las finanzas públicas y se estabilice la razón deuda del Gobierno Central-PIB.
Entretanto, la ejecución de proyectos de inversión pública ha estado por debajo de los niveles previstos en enero, que incluso se habían ajustado para reflejar porcentajes históricos de ejecución. Esta subejecución de la inversión pública es el resultado de problemas en licitaciones y atrasos inesperados en obras de gran escala.
En este contexto de desaceleración económica mundial e interna, de desempleo persistentemente alto y de expectativas de crecimiento moderadas, el Banco Central orientó sus acciones de política, en primer lugar, a afianzar su compromiso con la estabilidad de precios, como pilar fundamental de la solidez macroeconómica y del crecimiento. Y, en efecto, la inflación se ha mantenido en niveles bajos. Más aún, las perspectivas de inflación de los agentes económicos, medidas por las encuestas a 12 meses plazo, han convergido al punto medio del rango meta del Banco Central. Esto es un valioso voto de confianza sobre la estabilidad de los precios en el futuro.
Incentivo crediticio. En segundo lugar, el Banco Central, consciente de la difícil coyuntura que atraviesa el país, y una vez superadas las tensiones financieras y cambiarias del 2018, ha orientado sus medidas de política al estímulo de las condiciones crediticias como forma de vigorizar la actividad económica, con fundamento en lo establecido en el artículo 2 de su Ley Orgánica.
En el primer semestre del año, el Banco Central redujo en tres ocasiones la tasa de política monetaria (TPM), para un acumulado de 75 puntos base (pb), hasta ubicarla en un 4,5 %, y disminuyó la tasa de encaje mínimo legal y de reserva de liquidez sobre las obligaciones en moneda nacional del 15 % al 12 % a partir del 16 de junio pasado. Asimismo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero aprobó varias iniciativas que facilitan el acceso al crédito.
Estas acciones han empezado a dar frutos: recientemente, varias entidades financieras anunciaron una mayor disponibilidad de dinero para prestar y reducciones en las tasas de interés. Es de esperar que sus acciones contribuyan a incentivar la solicitud de créditos y, por esa vía, favorecer la recuperación de la actividad económica y del empleo.
Cabe destacar la secuencia lógica y temporal de estas medidas, y su adecuación a las circunstancias. El estímulo de las condiciones crediticias no habría surtido efecto en medio de las marcadas tensiones que experimentaron los mercados financieros el año pasado. Por el contrario, habría atizado las presiones cambiarias y comprometido la estabilidad financiera. Una vez aprobada la reforma fiscal y restablecida la calma en los mercados, el Banco Central aprovechó el espacio para adoptar estas medidas fundado en estudios técnicos, sentido de responsabilidad y un firme compromiso con la estabilidad macroeconómica.
Revisión del programa. En línea con esas políticas, en la Revisión del Programa Macroeconómico 2019-2020 el Banco Central reiteró su meta de inflación, del 3 % ± 1 punto porcentual (pp), que es consecuente con el objetivo del Banco, dispuesto en el artículo 2 de su Ley Orgánica, de mantener una inflación baja y estable. El cumplimiento de este objetivo contribuye al logro de la estabilidad macroeconómica, que a su vez promueve el crecimiento económico y la generación de empleo, y redunda en una mejora en el bienestar de la población.
Además, el Banco Central acordó bajar su TPM en 50 pb, la cuarta reducción de este año, para un acumulado de 125 pb. La medida se sustentó, en lo medular, en que, si bien los cambios normativos de la reforma fiscal —particularmente, la adopción del impuesto sobre el valor agregado— empujarían la inflación alrededor del valor central del rango meta en los siguientes 18 meses, persisten riesgos a la baja asociados a un lento crecimiento de la actividad económica —con un nivel de producción por debajo del potencial—, una alta tasa de desempleo y un bajo crecimiento de los agregados monetarios y crediticios.
Estas brechas en producción y desempleo posibilitan una postura expansiva de política monetaria. Sin embargo, el Banco Central se mantendrá atento a la evolución de las condiciones macroeconómicas y actuará de manera oportuna en caso de que considere que presiones inflacionarias o deflacionarias amenacen con desviar la inflación de su rango meta a mediano plazo.
El autor es presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR).