Cada costarricense consume en promedio 48 kilos de arroz al año, por lo cual es un segmento de mercado atractivo para los importadores netos y sus defensores.
La regulación del mercado es una piedra en el zapato para quienes creen que hasta bienes de primera necesidad deben estar liberalizados. Puesto que los beneficios que genera el mecanismo de regulación para los consumidores son evidentes:
Costa Rica registra el precio más estable en toda Latinoamérica, y a la baja durante los últimos diez años.
El modelo regulatorio impide especulación en momentos de crisis global.
La fijación de precio del arroz es un modelo equilibrado y transparente, que permite conjuntar el precio del grano nacional con el internacional y, así, favorecer al consumidor. La producción nacional es el pilar de este modelo.
Es un mecanismo que se revisa y actualiza, cuando menos, una vez al año, debido a la variación que sufren los costos de producción internos, así como los precios internacionales altamente volátiles y subsidiados.
Claro está, el beneficio que se le traslade al consumidor se deriva de los precios de las dos fuentes de abastecimiento existentes, la primera y principal, el productor nacional y, la segunda, el arroz importado, cuyo beneficio en el mecanismo de fijación y, por ende, para el país en general, radica en que sea comprado al más bajo precio, es decir, a cero arancel.
La autora es directora ejecutiva de Conarroz.