Cuando se debate sobre el financiamiento de las universidades públicas, algunos sectores plantean la necesidad de que generen ingresos mediante un vínculo con el sector externo. La cuestión es delicada y precisa un análisis más profundo.
El tema forma parte de una discusión filosófica global. En países del primer mundo, las universidades han tomado una dirección que se podría llamar “corporativista”, es decir, se han volcado a tener fuertes interacciones con el mundo empresarial y han obtenido buena parte del presupuesto de esas relaciones.
La tendencia no es neutra ideológicamente ni es necesariamente la más conveniente. De hecho, hay abundante literatura que plantea que esa visión promovida de manera unilateral y reduccionista lleva a una virtual desnaturalización del ethos central de la universidad pública.
Por ejemplo, el libro Death of the Public University?, editado por Susan Wright y Cris Shore, plantea el impacto negativo que han tenido estas corrientes en la concepción misma de lo que es una universidad pública. Por ello, tomar ese modelo a ultranza como lógico y óptimo, por el hecho de que se practica en otras latitudes sin considerar sus consecuencias, es cuestionable.
A raíz de la celebración del centenario de la Reforma de Córdoba, el año pasado, un hito en la historia universitaria latinoamericana, se han publicado una serie de textos analíticos en la región, entre estos, Reformar la universidad. Lecciones de 1918. Estas reflexiones más bien proponen reforzar la noción del carácter público de nuestras universidades, y ello incluye el principio central de que la educación superior es un bien público y social, y una responsabilidad del Estado.
Ya se hace. Lo anterior no significa que no deba fomentarse la relación de la universidad con los sectores productivos, como apoyo al desarrollo económico, y que de esta cooperación salgan recursos frescos para las universidades.
Pero debe ubicarse en su debido contexto y dimensión. Lamentablemente, se deja de lado que ya lo hacen nuestras casas de enseñanza superior y existen esfuerzos ingentes por vincularlas con el universo productivo nacional. Se puede hacer más, cierto, pero se hace bastante.
No tomar esto debidamente en cuenta es alimentar los prejuicios de que nuestras universidades no apoyan el desarrollo económico del país; una apreciación a todas luces equivocada.
El vínculo debe partir de una visión integradora de lo que es una universidad pública y no de una obsesión por concentrar los esfuerzos, prioritariamente, en esa faceta de la relación con la sociedad. Al hacerlo, se pierde de vista que la relación debe partir del desarrollo académico y necesita tener una racionalidad social. No se trata simplemente de desarrollar actividades vinculadas con el fin de generar recursos.
Oferta y demanda. Al asignar una cuota mayor de responsabilidad a las universidades por las debilidades que pueda tener dicho vínculo, se está dando una visión parcializada del fenómeno. Algunos sectores empresariales han sido sumamente reacios a acercarse a las universidades y a aportar capital de riesgo para investigación y desarrollo en estas casas de estudio.
Entonces, hay un problema en la oferta, pero también, y muy grande, en la demanda. Si nos vamos al polo tecnológico exportador de las transnacionales, estas no han estimulado como se debiera los encadenamientos académicos. Tenemos acá una cuota de responsabilidad de esos sectores que no es tomada en cuenta cuando se centran las críticas en las universidades. Los vasos comunicantes son de doble vía y la responsabilidad debe ser compartida.
En las universidades del primer mundo, en las que se ha puesto énfasis en estos acuerdos remunerados con los sectores externos como forma central de financiamiento, se ha dado una tendencia cuestionable hacia la priorización de actividades universitarias que se enmarcan en esta línea de acción.
Ello ha llevado, y hay abundante literatura para demostrarlo, al debilitamiento paulatino de esferas universitarias como las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias básicas, las cuales son esenciales para dichas instituciones y para las sociedades.
La humanista norteamericana Martha Nussbaum expone en su libro Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades el debilitamiento radical de las humanidades y el desarrollo del pensamiento crítico en muchas universidades de Estados Unidos, producto de la tendencia “corporativista”. Ello, claramente, ha afectado el ethos académico y humanista de las instituciones. No creo que debamos, en Costa Rica, transitar por esa senda.
Desarrollo inclusivo. Otro problema es que, si se opta por esa vía, se promueve una tendencia a que estos contactos se centren en una lógica de mercado, por encima de las racionalidades académica y social. En consecuencia, se debilitan las relaciones con amplios sectores de la población, especialmente, los más vulnerables, puesto que tales ligámenes no generan réditos económicos.
Estos otros vínculos funcionan con una racionalidad más bien dirigida a la procura del bien común y la equidad. En la lógica excluyente de la rentabilidad económica, este tipo de vínculos tienden a desvanecerse. Se pierde así una de las misiones centrales de las universidades públicas: su compromiso con un desarrollo inclusivo y de beneficio para amplios sectores de la población.
La unión remunerada con la empresa privada es apenas un componente de la amplia gama de proyecciones que las universidades tienen con la sociedad. Si la rentabilidad económica de esos vínculos se toma como prioridad, se debilitan los aspectos académicos y sociales que constituyen el corazón de estas instituciones.
Discusión legislativa. No deja de preocupar que estos asuntos se estén discutiendo en una Asamblea Legislativa que ha mostrado una adversidad sin precedentes hacia las universidades públicas, adversidad centrada con frecuencia en prejuicios y desconocimiento.
El cercenamiento de ¢10.000 millones del presupuesto universitario el año pasado, una decisión claramente inconstitucional, da testimonio de esa actitud. En este escenario, es esencial defender los valores en los que se fundamentan las universidades públicas y reafirmar el compromiso con el bien común y el desarrollo socialmente inclusivo y democrático. Mucho del futuro de este país depende del fortalecimiento del carácter público de estas instituciones, no de su corporativización.
El autor es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica.