Daniel Sasso Steele. 16 diciembre, 2019

Algunos de los sitios más problemáticos en las carreteras de la Gran Área Metropolitana son los peajes. Quien haya cruzado el de Escazú, en el sentido Caldera-Sabana, una tarde lluviosa —ojalá viernes de pago—, sabrá que es más doloroso que una cuádruple extracción de muelas.

La ruta 27 es de dos carriles en ambos sentidos y hay 16 casetas de cobro en cada dirección. El problema era tan predecible que los vendedores ambulantes estaban listos con sus marañones en Atenas y platanitos, en San Rafael, el mismo día que se inauguró.

Si el Gobierno pone en práctica lo que aquí propongo, y además se hace cargo de la intermediación para el cobro de los peajes, el ahorro en personal de la concesionaria nos ayudaría a amortizar más rápidamente la deuda con Globalvia.

Cuando 16 carriles —sin señalización— se convierten en dos nuevamente, sucede lo inevitable: un festejo de frenado. Aceleran los más vivos y golpean el freno cuando se les atraviesan al prójimo. Esto obliga al otro a detenerse bruscamente y, al vehículo que viene detrás, y así sucesivamente hasta que se taquean los 16 carriles.

Si no existieran todas esas casetas de cobro, no se haría el cuello de botella en los peajes. Si fueran dos carriles todo el camino, el tráfico sería más fluido porque los vivazos no tendrían oportunidad de producir el efecto dominó del frenado.

Elemental, mi querido Holmes. ¿Cómo hacemos para que 2 cabinas hagan la tarea de 16? Eliminándolas por completo. La tecnología ya la tenemos y está en funcionamiento. El cobro electrónico acabaría de una vez por todas con el tráfico en los peajes.

Cuando un vehículo cruza sin el dispositivo, una cámara registra la placa y la agrega a una base de datos en la nube. Luego, la persona tendrá un periodo definido para pagar el peaje antes de incurrir en multas.

El pago deberá efectuarse por Internet y para las personas no bancarizadas debe haber comercios donde les reciban el dinero. Los peajes pendientes deberán ser agregados con multas al marchamo a fin de año.

En otras latitudes, los vehículos pasan a 130 kilómetros por hora y son detectados por un sensor aéreo.

El sistema produce dos efectos inmediatos: elimina la presa y genera una cuenta por cobrar enorme, con algún porcentaje pequeño de incobrables, que difícilmente va a asumir la concesionaria; sin embargo, la querrá un tercero a cambio de un pedazo de la acción.

Ese tercero puede ser el Gobierno o una empresa privada dedicada a la intermediación financiera. Todos los días, ese tercero le pagará a la concesionaria los peajes, menos un descuento, y luego se dedicará a recuperar la inversión mediante el cobro por Internet o en los negocios afiliados.

De esta manera, la reducción en el costo de la planilla se le trasladará al tercero y el usuario seguirá pagando la tarifa actual. El resultado económico de la concesionaria no se ve afectado. Todos ganan menos los cobradores, cuyo trabajo será reemplazado por un sensor y una cámara.

Si el Gobierno pone en práctica lo que aquí propongo, y además se hace cargo de la intermediación para el cobro de los peajes, el ahorro en personal de la concesionaria nos ayudaría a amortizar más rápidamente la deuda con Globalvia.

Quienes usan efectivo son la causa del gasto operativo más grande del peaje: sueldos y cargas sociales de los cobradores.

Según el contrato, el monto adeudado se descontará de acuerdo con los ingresos brutos por concepto de peajes, dolarizado y restando los gastos operativos. Por ende, si se reducen drásticamente los gastos operativos, la carretera les pertenecería a los costarricenses en menos tiempo.

Actualmente, la situación es precaria. No solo carecemos de incentivos para utilizar el pago electrónico: tenemos incentivos para no usarlo. A los usuarios del compass nos cobran una mensualidad por el derecho de utilizar el dispositivo.

Tener mente previsora. Esto sucede cuando se privatiza un servicio público sin fijar bien las reglas del juego con el contratista. La empresa va a priorizar su resultado económico. En el caso de Globalvia, no tiene ningún incentivo para ejecutar este cambio porque la misma cantidad de vehículos tienen que pasar y pagar el peaje, independientemente de la congestión que haya.

A la hora de adjudicar obra pública, el Gobierno debería incluir incentivos económicos para que las concesionarias produzcan los resultados que buscamos. Completar la obra no puede ser la única medida de éxito, necesitamos visión a mediano y largo plazo para asegurar el buen servicio al usuario.

Sería beneficioso obligar a las constructoras a velar por el flujo eficiente de los vehículos. Se podría cuantificar la congestión en los peajes e imponerles multas por embotellamiento según los parámetros del contrato. Las empresas, como las personas, responden a incentivos o desincentivos. Si el gobierno pudiera pasarle la factura a Globalvia por las horas perdidas y el combustible despilfarrado por trabas en sus cabinas de cobro, rapidito resuelve el problema.

Hacer el cambio en una carretera existente es un reto considerable y habría que negociar con la concesionaria, pero si en las próximas obras se incluyen cláusulas de este tipo sería menos chocante.

Ahora bien, el Gobierno tendrá la oportunidad, en el 2033, cuando por fecha vence la concesión de la ruta 27, de demostrarle al país que ya no es dirigido por cromañones. ¿Cómo se explica que en vísperas del 2020 debamos sufrir 30 minutos de espera en la ruta 1 para pagar ¢75?

Eliminar las presas en los peajes no resuelve el desastre vial en la GAM. El cuello de botella probablemente se traslade a otro lugar; sin embargo, algunos dirán que la manera más fácil de solucionar un problema grande es dividiéndolo en pedacitos pequeños, más fáciles de digerir.

Mientras tanto, Albino ya puede ir preparando la pancarta: “Pago electrónico obligatorio es inconstitucional. Atenta contra el derecho fundamental de los costarricenses a ser improductivos debido a las presas”.

El autor es administrador de empresas.