Luis Diego Vargas. 28 noviembre, 2019

El gobierno y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, no han terminado de entender la naturaleza del contrato que ejecuta Aeris, la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el cual está cerca de su fin. A la compañía le interesa maximizar sus ganancias en el periodo de gestión previsto en el contrato, así funcionan las concesiones de obra pública. Su propósito no reside en que Orotina siga adelante, tampoco que aumente la conectividad porque trae más costos. Entonces, trataría de mantener baja la demanda, cobrar más para obtener su dinero en el plazo más corto posible y, con menos demanda, no debe hacer obras y nadie hablará de un aeropuerto más grande. El negocio aeroportuario maximiza rentas cuanta menos inversión en infraestructura se haga.

Si aumentan las tasas, hay más ingresos, pero se limita el crecimiento de la demanda. La empresa Aeris tiene una demanda elástica, pero no queremos convertir a Costa Rica en un destino caro.

Técnicamente, lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en el diseño y proyección de un nuevo aeropuerto internacional en Orotina es bueno y suficiente para iniciar, y ya nos costó unos buenos pesos. La decisión de poner en pausa el plan resulta similar a la peregrina determinación de descarrilar la concesión de la carretera a San Ramón, y que tanto gasto y oportunidades perdidas nos ha ocasionado.

Sin marcha atrás. Un aeropuerto toma unos 15 años en construirse. Si se espera a que el Juan Santamaría muestre señales de saturación para retomar el proyecto de Orotina, para entonces, el país estará en un gran lío, sin margen para recuperar el tiempo desaprovechado. Adicionalmente, habrá perdido temporalmente competitividad, algo difícil de cuantificar e imposible de recuperar.

El aeropuerto transformaría completamente nuestra economía; el círculo virtuoso que generaría sería mayor que traer decenas de empresas de alta tecnología a operar en zonas francas. Poner en espera su construcción borraría el destacado desempeño de la administración Alvarado en materia de infraestructura pública. Con esa decisión, estaríamos hipotecando la conectividad aérea del país y, con ello, limitando el turismo y la operación de empresas de amplio espectro en zonas francas.

Me atrevo a pedirle al valiente y talentoso ministro de Obras Públicas y Transportes, quien generosamente nos ha dado una milla extra en su exitosa gestión como servidor público durante 30 años de la obra pública, un pasito más, y que vuelva la mirada a Orotina y Liberia, puntos de conexión con la economía global.

El autor es abogado.