Julio C. Calvo Alvarado.   10 mayo

El déficit fiscal y el impacto del virus SARS-CoV-2 en nuestra economía motivan una discusión sobre el control y la eficiencia de los fondos públicos.

La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) impondrá grandes retos para las insostenibles finanzas universitarias.

El valor público del FEES debe estimular la autocrítica en las universidades y dar lugar a una discusión pública constructiva, sin caer en los mismos temas redundantes, como el aporte social de las universidades, lo cual nadie cuestiona.

En vista de las denuncias de insostenibilidad financiera y los recortes al FEES en las últimas dos negociaciones, surge el temor de intenciones de debilitar a las universidades, algo que no se ajusta a la realidad si reconocemos la difícil crisis fiscal que enfrentamos y si ponderamos los datos.

En 1991, el FEES equivalía al 1,15 % del PIB, porcentaje que bajó al 0,86 % en el 2004. A partir de ese año, creció sostenidamente hasta llegar al 1,45 % en el 2017.

En ese periodo, los aumentos anuales del FEES superaron en, cuando menos, dos veces la inflación. Solo entre el 2009 y el 2018, el incremento promedio fue un 12 %, mientras la inflación promedió 3,25 %; es decir, el FEES, en esos años, aumentó 5 veces más que la inflación.

Tres proyectos resaltan aún más las buenas negociaciones para fortalecer la educación superior: creación de una nueva universidad (UTN) en el 2008, aprobación en el 2013 del Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior con el Banco Mundial por $200 millones y la aprobación de una ley en el 2012 para dotar de recursos al Instituto Tecnológico (Tec) para la construcción de un nuevo campus en Limón.

Situación crítica. Esta es la antesala de la negociación del FEES este año: las universidades recibieron un excelente financiamiento hasta el 2017 y el gobierno debe cumplir con el artículo 85 de la Constitución, que obliga a un aumento anual igual a la inflación, en medio de la peor crisis fiscal de las últimas décadas, con el agravante de que algunas universidades no han controlado el crecimiento salarial y superan hasta en dos veces la inflación de los últimos años.

Para complicar aún más este escenario, se añaden otros asuntos: los fondos de becas estudiantiles necesitarán refuerzo presupuestario por la caída en los ingresos de muchas familias debido al embate de la covid-19, hay que frenar y cerrar la reprochable brecha de los esquemas salariales entre universidades y hay que atender un sentido reclamo por un reparto más equitativo del FEES para fortalecer al Tec, la UNED y la UTN.

¿Están las universidades conscientes de estos asuntos y serán proactivas en tomar acciones en favor de la sostenibilidad financiera? ¿Cómo evitarán el desvío de los valiosos recursos para satisfacer el incremento anual por incentivos salariales? ¿Cuál es la estrategia para cerrar las brechas salariales y lograr un mejor reparto del FEES entre universidades? ¿Promoverán la urgente transformación para estar acordes con las actuales realidades? ¿Comprenderán que la mejor defensa de la autonomía universitaria y del FEES es el uso responsable de los fondos públicos y el ejercicio excelso y transparente en todas sus funciones?

Las universidades deben continuar siendo protagonistas en el desarrollo nacional y la nueva impronta es anteponer el sacrificio, la solidaridad y la visión para un cambio transformacional, inspirados por la ética y el compromiso con el país.

El autor es exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica.