Gustavo A. Ortiz Madrigal. 13 enero
Foto Alonso Tenorio
Foto Alonso Tenorio

De acuerdo con el más reciente informe sobre competitividad del Foro Económico Mundial, Costa Rica presenta un gran rezago en infraestructura.

El país se ubicó en la posición 63 entre 141 países evaluados y, una vez más, la calidad de la infraestructura vial figura entre las mayores debilidades, lo cual le valió colocarse en las posiciones más bajas: la 117.

Se estima que la región debería, por lo menos, duplicar la inversión anual para mejorar la calidad de su infraestructura, pero la mayoría de los países tienen pocas probabilidades de hacerlo a mediado plazo, porque afrontan elevados déficits fiscales, lo cual se suma a la crisis generada por la covid-19.

La experiencia y los recursos del sector privado ayudarían a cerrar la brecha en infraestructura, pero, para ello y para beneficiarse de la reactivación económica que generaría, es necesario fortalecer el programa de asociación público-privada (APP) con el fin de asegurar la estructuración de proyectos bajo las mejores prácticas.

Nuestro país cuenta desde hace 23 años con una ley de concesiones, pero solamente cinco proyectos se han llevado a cabo gracias a ella.

La pregunta que necesariamente surge es por qué el país no ha sabido aprovechar las APP como mecanismo para atraer al sector privado al desarrollo de infraestructura, con toda la experiencia, innovación, eficiencia y recursos que este provee, como sí lo han hecho, y con gran éxito, otros países de Latinoamérica. La respuesta es compleja y tiene varias respuestas.

Explicaciones. No existe conocimiento profundo en el país de lo que es una APP y cuáles son los beneficios. A esto se añade la concepción histórica de que el Estado debía ser el encargado de suministrar y administrar la infraestructura y a que no se le ha dado el reconocimiento debido a las APP como mecanismo formal para el suministro de infraestructura, de uso obligatorio cuando se determine que es lo mejor para concretar un proyecto.

Históricamente ha dependido del gobierno de turno decidir si quiere una APP o echar mano de la contratación tradicional sin un análisis técnico al respecto.

Tampoco el Consejo Nacional de Concesiones ha sido provisto de recursos suficientes para efectuar eficientemente su labor ni ha habido claridad en los elementos requeridos para instaurar un programa de APP competente.

El país cuenta con una cartera de proyectos muy grande que planea desarrollar por medio de las APP, que asciende a unos $3.500 millones. Si queremos que se ejecuten con éxito, será necesaria una revisión del programa de APP y adecuarlo a las mejores prácticas internacionales.

Factores. En un estudio que hice recientemente identifiqué 16 factores fundamentales para establecer programas eficientes de APP, a saber, un marco regulatorio promotor del desarrollo de las APP, una unidad competente, un portafolio atractivo de proyectos y estudios de factibilidad de calidad y estructuración técnica, comercial, financiera, legal y socioambiental viables.

Además, asesoría en calidad al Estado, voluntad política y liderazgo para impulsar firmemente el programa, capacidad financiera gubernamental, un plan nacional de infraestructura que incluya las APP, el desarrollo de mercados financieros locales, licencia social, eficiente administración de contratos, una adecuada distribución de riesgos, atracción de fuertes inversionistas privados, estabilidad económica y política y la búsqueda de una solución anticipada para los principales problemas que se presentan en la puesta en marcha de un programa de APP.

Sin lo anterior es imposible ser eficientes y atraer al sector privado hacia la construcción de infraestructura.

El éxito reside en diseñar el programa teniendo claridad acerca de los elementos necesarios para conseguir que las obras se lleven a cabo protegiendo los intereses del Estado.

El autor es administrador de empresas, especialista en infraestructura.