Sergio Bermúdez Muñoz. 1 noviembre, 2019

En noviembre del 2018, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) puso a disposición del público una plataforma digital, lo cual es un avance; sin embargo, los expedientes en papel atrasan los trámites.

Las transformaciones se inician en las personas. Si durante años han hecho lo mismo, y carecen de actualización en materia de evaluación de impacto ambiental, así como de herramientas tecnológicas para propiciar un cambio en su forma de pensar, terminan por convertirse en “revisores”, preocupados solamente por los requisitos establecidos en el reglamento.

Debe mejorar la conectividad; el Estado posee los recursos en otras instituciones para proveerle lo necesario para aumentar la velocidad de la comunicación, cambiar la central telefónica a tecnología de punta y contar con un gestor documental para no recibir papel.

Dentro de la gama de posibles capacitaciones que existen, en la página de la Setena hay un enlace a cursos gratis sobre evaluación de impacto ambiental, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los cursos, más visitas in situ a los proyectos, posibilitarán determinar el efecto de la construcción en el ambiente. No dudo de que con una adecuada gestión interinstitucional lo anterior sería posible.

Disrupción tecnológica. En la Setena hay unos 50.000 expedientes en papel con información; esa es la forma como se han resuelto las viabilidades en el país.

Tiene un “cementerio de papel”. Esa gran cantidad de datos sirven para alimentar un algoritmo de resolución de casos para otorgar viabilidades. Si se toman en cuenta los informes de regencia, que la decena de funcionarios de auditoría y seguimiento ambiental ni siquiera alcanzan a leer, los vistos buenos se darían en cuestión de horas.

Asimismo, en tiempos de “descarbonización”, debería utilizar teleaudiencias para agilizar el trámite, pues el usuario no tendría necesidad de ir a la Secretaría a preguntar cómo va su expediente.

En otros países de la región, lo dicho anteriormente no es un sueño; es una realidad. En este campo, Costa Rica pasó de estar a la vanguardia a quedar rezagada.

Control y seguimiento. El reglamento de la Setena está obsoleto. Exige información irrelevante para compatibilizar desarrollo y conservación. Dura meses para dar una licencia y luego los proyectos son muy poco visitados, o casi nada. Por ejemplo, un plan categoría A, de gran impacto ambiental, como una planta hidroeléctrica, durante la construcción fue supervisada por la Setena solamente cuatro veces y el equipo de cierre, en la etapa constructiva, no tenía ni idea de cómo se había efectuado la obra.

La responsabilidad de la evaluación debe ser del desarrollador y el consultor ambiental, no del funcionario que revisa. A todo desarrollador le resultaría doloroso que le paralicen el proyecto en lugar de ofrecer un plan de compensación.

La Setena tiene la potestad de detener un proyecto si la gestión ambiental no se hace bien, quizá deba crearse un procedimiento para ejecutar las garantías ambientales y la paralización de obras en coordinación con los gobiernos locales.

Para ello, habría que fortalecer la regionalización de la Secretaría con respecto a la supervisión de proyectos, mediante “fiscalizadores ambientales”, de forma conjunta con las diferentes instituciones según sus competencias, como el Sinac y la Dirección de Aguas, entre otras. Está en la ley y el cumplimiento ha sido postergado. Solo hay tres funcionarios regionalizados.

Es necesario crear la auditoría ambiental, como lo recomendó la Contraloría, para un mejor control sobre consultores, desarrolladores y funcionarios, quienes podrían ser sancionados por su desempeño, si se aprueba la nueva ley de empleo público.

Evaluación ambiental estratégica. La evaluación es fundamental para la toma de decisiones, una directriz del Consejo Presidencial Ambiental ordena a la Setena hacerla, pero ciertos “expertos” quieren desaparecerla, aunque está vinculada a la incorporación de Costa Rica a la OCDE.

El Reglamento de Planes de Ordenamiento Territorial, según un informe de la Contraloría, es “inaplicable y laberíntico”, por lo cual es urgente uno nuevo por el bien de los gobiernos locales, que han sufrido retrasos debido a ello.

La Setena debe mejorar la conectividad; el Estado posee los recursos en otras instituciones para proveerle lo necesario para aumentar la velocidad de la comunicación, cambiar la central telefónica a tecnología de punta y contar con un gestor documental para no recibir papel. Así, mejorarían los tiempos de respuesta, la recepción de documentos y la atención al público.

El autor es especialista en sistemas ambientales.