Otto Guevara Guth. 19 julio

El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto con el fin de reducir la jornada laboral de un grupo de funcionarios en un 15 %, con el consecuente ajuste en el salario.

A mi juicio, no será aprobado antes de setiembre, según las intenciones del Poder Ejecutivo, por lo cual el ahorro esperado este año será imposible.

La razón es muy sencilla: el plan debe ser consultado con el Poder Judicial, las municipalidades y las instituciones autónomas. Eso alargaría el debate hasta mediados de agosto.

Es un hecho que el Poder Judicial indicará que afecta su organización interna, por lo que serán necesarios 38 votos, en lugar de la mitad más uno de los presentes, lo que impedirá el uso de la vía rápida para pasar ley.

Las municipalidades e instituciones autónomas se pronunciarán en contra, con el argumento de la violación de la autonomía, entre otras razones.

Todo lo anterior hará que cada vez más diputados se opongan al proyecto. Si finalmente llegara a votarse, no tengo la menor duda de que más de 10 legisladores se pondrán de acuerdo para hacer la consulta de constitucionalidad, que, de no haber roces con la carta magna (lo cual dudo de la versión actual), al proyecto se le daría segundo debate en diciembre.

Propuesta viable. En lugar de esa ruta escabrosa para lograr un pequeño ahorro neto —comparado con el enorme déficit fiscal proyectado— que en un año sería de aproximadamente ¢90.000 millones, propongo las siguientes acciones:

1- No reponer plazas vacantes en el sector público por renuncia, despido, pensión o fallecimiento. Según cálculos del abogado Fernando Zamora Castellanos, el ahorro anual rondaría los ¢180.000 millones.

2- Aprobar un proyecto de ley alternativo, muy sencillo, para autorizar a cada institución pública la reducción de la jornada laboral de sus empleados hasta en un 50 % —parecido al promulgado para el sector privado— con la correspondiente reducción salarial debido a la merma de los ingresos de las entidades públicas y porque en muchas entidades una gran cantidad de funcionarios no están trabajando.

3- No pagar el plus salarial de dedicación exclusiva. Los funcionarios deberían tener la posibilidad de ganar recursos extras ejerciendo su profesión en horas no laborables.

4- No aprobar ningún incremento salarial a partir de enero del 2021.

5- Como la Sala Constitucional acaba de señalar que el salario escolar es un aumento salarial diferido, pagado en enero de cada año, el no aprobar incremento salarial alguno, comenzando en enero del 2021, incluiría no pagar el salario escolar en enero del 2022.

Las dos últimas medidas son también en cumplimiento de la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esas son solo algunas de las acciones necesarias de acometer para empezar a disminuir el gasto público.

Reforma del Estado. Como promuevo desde hace mucho tiempo, el Estado precisa una reestructuración, entre cuyas acciones figuran el cierre y fusión de instituciones, lo cual reducirá significativamente el tamaño de la planilla; la venta de activos y explotar recursos naturales; condonar deudas entre entes públicos; el financiamiento de deuda pública a plazos más largos y mejores tasas de interés; rebajar el pago de intereses a las deudas con acreedores del sector público; reactivar la economía, para lo cual debe abrir los monopolios y eliminar barreras legales de entrada a actividades económicas oligopolizadas; promover el libre comercio y decretar una moratoria de todo tipo para las regulaciones que desincentivan o vuelven demasiado costoso emprender en el país; y racionalizar el sistema tributario.

El autor es exdiputado.