Marco Feoli Villalobos. 14 septiembre

Avances como la fecundación in vitro, los derechos de las poblaciones sexualmente diversas o la situación de los privados de libertad han estado marcados por el rol indiscutible de la Defensoría de los Habitantes desde su creación.

Por eso, la discusión sobre la revocatoria del nombramiento de su titular no es un asunto menor. Está en juego la legitimidad de una instancia que forma parte de casi todas las democracias modernas.

Cuando se lleva a cabo una selección, lo que todos esperarían es que, más allá de que el nombramiento sea político, como también ocurre en el Poder Judicial o en la Procuraduría General de la República, para poner solo dos ejemplos, el designado no responda más que a los deberes que impone un cargo. Que no se convierta en moneda de cambio para los grupos representados en el Congreso.

Desafortunadamente, esa es la sensación que queda por cómo se ha manejado el proceso en la Asamblea. Ha sido opaco y eso es, independientemente del resultado que, por lo visto, parece bastante predecible, lo que más golpeará a la institución a corto plazo.

Otros casos. En los últimos 20 años, no es la primera ocasión cuando los diputados deben decidir sobre la destitución de un alto cargo. No hace muchos años una mayoría dispuso revocar el nombramiento de un contralor y, más recientemente, de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Estos casos, por algunos vacíos legales en nuestro ordenamiento jurídico, generaron jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el trámite que debe seguirse a fin de garantizar tanto el debido proceso como la transparencia y la rendición de cuentas.

En el voto 2014-4182, el tribunal dispuso que, sin importar el asunto, las sesiones y las votaciones de los órganos de la Asamblea deben ser públicas y solo excepcionalmente secretas.

En el sumario contra la defensora queda la sensación de que no está siendo así. La presidencia de la comisión decidió abrazarse al eufemismo de “confidencial” para declarar secretas las sesiones y los informes rendidos por los diputados con respecto a la investigación.

En la rendición de cuentas no deben mediar ni excepciones ni padrinazgos. De hecho, si se compara con lo sucedido en las tres destituciones mencionadas, campeó un inquietante disimulo y una inusual condescendencia.

En los otros casos, las sesiones, las actas y los informes nunca fueron declarados privados, confidenciales o secretos. Pueden consultarse en el portal legislativo (expedientes 15627, 19209 y 20729).

Para ensombrecer aún más el panorama, la presidencia de la Asamblea Legislativa anunció que el procedimiento para conocer la destitución o no de la defensora será el mismo definido en el reglamento para los informes de las comisiones de investigación.

Es decir, el descargo e interrogatorio, así como el posterior debate, deberán realizarse en una sola sesión. Esto facultaría al presidente a dar por discutido el asunto y negar el uso de la palabra si a una hora determinada no se ha tomado una decisión.

Con poco ruido. De este modo, se forzaría una votación definitiva. Proceder así aseguraría no solo esa rápida votación, sino también un debate en el cual la ciudadanía va a estar ausente. Un mero trámite, sumarísimo y con poco ruido.

No voy a alimentar, desde luego, linchamientos públicos, pero habiendo formulado los mismos funcionarios de la Defensoría y organizaciones de la sociedad civil muchos de los señalamientos investigados, este camino solo se despejará, con decencia, si se siguen las mismas reglas empleadas en el pasado cercano.

¿Qué tendría de diferente Crespo con respecto al excontralor Solís o los exmagistrados González y Gamboa? En principio nada, y por higiene democrática quienes deben juzgar su desempeño y sus presuntas faltas tienen la obligación moral de borrar todo atisbo de duda o de trato de favor.

Vivimos tiempos complejos en los cuales la confianza en el sistema político no puede dilapidarse. Es de sentido común.

El autor es exministro de Justicia.