A 20 años de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, un grupo de diputados se empeña en desarticular el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y el fondo de capitalización laboral (FCL).
Es la primera vez que actores políticos impulsan con tanta determinación un proyecto perjudicial, obnubilados por el espejismo de la liquidez inmediata y la reactivación momentánea, y sin considerar que reducirán a escombros el modelo de protección complementario para los trabajadores que se jubilan.
La intención es deplorable porque cada día es más urgente consolidar y fortalecer el ROP: la población mayor de 65 años se duplicará a la vuelta de dos décadas, por lo menos el 25 % de los adultos mayores viven en pobreza o pobreza extrema y la pirámide poblacional se sigue estrechando, lo cual significa que cada día son menos los trabajadores cotizantes en relación con la cantidad de jubilados.
La situación del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) obligará, más temprano que tarde, a revaluar las condiciones de su sostenibilidad. Como si fuera poco, la economía enfrenta un bache, disminuye el crecimiento del trabajo asalariado y cotizante, lo cual es motivo de deliberación pública, y aumenta la necesidad de diversificar, aún más, las inversiones en los fondos de pensiones.
En medio de la compleja coyuntura, se pretende, en sesiones extraordinarias, discutir el proyecto de ley 21309 para otorgar al trabajador la posibilidad de retirar los recursos de la pensión complementaria, con lo cual se desarticularía el sistema.
En otras palabras, en pleno proceso de maduración de los fondos complementarios de pensión, cuando es posible presuponer la existencia de una mayor conciencia y claridad con respecto al valor y la necesidad de este pilar suplementario del IVM, la política a corto plazo amenaza con desmembrarlo por el espejismo de la liquidez, que llevaría a muchos a hipotecar la estabilidad económica futura.
Liquidación. La aprobación del proyecto también tendría repercusiones en la economía. De acuerdo con el plazo planteado en el texto, las operadoras deberían disponer, en apenas 45 días, de un monto aproximado de ¢138.000 millones para pagar a quienes retiren el ROP.
Si la iniciativa avanza, conviene establecer claramente cómo liquidarían los títulos valores el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, donde están colocadas cerca del 70 % de las inversiones de las operadoras.
De no ser así, habrá que vender los títulos en el mercado secundario, lo cual generaría una sobreoferta de instrumentos financieros, los precios tenderían a la baja y habría pérdidas en el valor y rendimiento de los títulos.
De ese modo, se vería afectado el ahorro acumulado de los trabajadores que permanecerán en el sistema. Por otra parte, el exceso de liquidez presionaría las tasas de interés y ello incidiría en la inflación. Tales consecuencias financieras deben sopesarse antes de festinar con el ROP.
Las operadoras de pensiones seguirán pugnando por la consolidación y la madurez plena del sistema multipilar de jubilaciones. La desarticulación de esta red de seguridad social, construida 20 años atrás, no debe permitirse; por el contrario, la sostenibilidad del ROP debe ser garantizada a largo plazo. El país lo merece y los tiempos lo demandan.
El autor es presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).