EscucharLa Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), representante del municipalismo nacional, considera de suma importancia aclarar ciertos puntos de la nota publicada en el periódico La Nación el 10 de junio, titulada “Reforma para eximir a municipalidades de regla fiscal pesó en baja en calificación de riesgo de Costa Rica”.
Al revisar el informe de Standard & Poor’s, publicado el 9 de junio, se constata que la baja en la calificación obedece principalmente a las consecuencias de la contracción económica producto de la pandemia. Esto anticipa una “contracción más profunda del PIB de Costa Rica y un deterioro más persistente del perfil fiscal del gobierno en el 2020 y 2021″.
Está claro que el principal problema señalado por la calificadora es la combinación del golpe a la base de ingresos de Costa Rica a causa de la covid-19, el porcentaje del presupuesto dedicado al pago de intereses, “la combinación de grandes necesidades de financiamiento y decisiones de gestión de deuda potencialmente deficientes”, en palabras de S&P.
Además, cabe destacar que la lamentable baja en la calificación había sido pronosticada en marzo del 2020, antes de la aprobación de la Ley 9848 y consistente con decisiones anteriores de otras calificadoras de riesgo.
Previo a la aprobación de la Ley 9848, de forma errada, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves y otras entidades, vincularon esta ley con el déficit del Gobierno Central, a pesar de que no tienen relación alguna, lamentamos que estas posiciones equivocadas influyeran en las calificadoras internacionales para perjuicio nacional.
No existe justificación para haber incorporado a las municipalidades a la regla fiscal cuando se tramitó lo que hoy es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Ni en la exposición de motivos del entonces expediente ni en las discusiones y actas parlamentarias y tampoco en el único estudio llevado a cabo por Hacienda, se consideró a las municipalidades.
En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas solamente se mencionan los “entes públicos no financieros” y es Hacienda la que interpretó, contraria a la autonomía constitucional, que los gobiernos locales debían estar afectados por esta norma.
La misma calificadora S&P no señala un “impacto presupuestario directo” que afecte el déficit fiscal del Gobierno Central por la aprobación de la Ley 9848, lo cual es consistente con los argumentos del régimen municipal y la decisión de los diputados. Parece enfocarse más en la diferencia de criterio entre actores del Poder Ejecutivo.
Medios de comunicación informaron de que la ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades durante la emergencia nacional por la pandemia habilita a los gobiernos locales un gasto adicional de ¢90.357 millones.
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Para calcular ese monto, la Contraloría General de República utilizó datos del período presupuestario 2019. Nos parece descontextualizado comparar la situación actual —de crisis originada por una pandemia— con la situación financiera del año pasado.
El grado de incertidumbre es muy alto y no existe certeza sobre la evolución de la pandemia. Las municipalidades prevén diferentes escenarios de afectación sobre sus ingresos, en muchos casos por encima del 20 %.
Hemos insistido en que es falso que las municipalidades quedaron fuera de la regla fiscal. La regla se aplicará a los recursos trasladados por el Gobierno Central a los gobiernos locales. Las municipalidades cumplen con otras reglas fiscales en lo referente a recursos propios.
Nota: A petición del solicitante, se publica sin firma y en nombre de los gobiernos locales.
