Centroamérica figura como la región más violenta del mundo sin estar en guerra. Según la Organización Mundial de la Salud, si el número de homicidios supera los 10 por cada 100.000 habitantes el país sufre una epidemia. A pesar de que la tasa presenta un lento descenso en Costa Rica desde el 2017, los datos continúan siendo alarmantes: 11,7. Es decir, Centroamérica comparte una crisis de salud pública, aunque en diferentes niveles dependiendo del país.
Las razones principales del brote de violencia están vinculadas a la desigualdad, el desempleo, el narcotráfico y, especialmente en los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), a las pandillas. El deterioro de la paz social generado por este flagelo ha llevado a los países del hemisferio a entender el concepto de “seguridad” desde una perspectiva más amplia.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en el 2003 la Declaración sobre Seguridad en las Américas, cuyo enfoque integra la seguridad y el desarrollo en los ámbitos social, político, económico y medioambiental. Es decir, la seguridad multidimensional identifica problemáticas como la pobreza extrema, la exclusión social, los riesgos a la salud y el deterioro ambiental como nuevas amenazas que precisan de una atención de todos los elementos o aspectos por medio de la cooperación interinstitucional.
En el marco de esa cooperación, en el 2010, con apoyo del Programa Acción Integral contra Minas Antipersonal, de la OEA, la región fue la primera en declararse libre de minas antipersonas instaladas durante los conflictos armados. Pero el principal desafío transnacional no ha sido resuelto y el narcotráfico y el crimen organizado están debilitando el tejido social.
Narcotráfico. El tráfico de drogas es el principal disparador de la violencia en Centroamérica, genera ambientes hostiles que afectan directamente el bienestar humano y el progreso económico y social. Aunque la región comparte este desafío en términos de seguridad, la disparidad en las realidades sociales de las naciones y las distinciones con respecto a las fuerzas militares ha dificultado la creación de políticas multidimensionales conjuntas.
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en lugar de priorizar programas integrales de reconstrucción social, se ha enfocado en la prevención del delito y combate de la violencia con políticas de “mano dura” que han sido replicadas entre los países miembros y han impedido frenar la inseguridad desde su base.
La ausencia de soluciones eficaces abre paso a la continuidad del problema, lo cual facilita la circulación de armas y el tráfico ilegal. Lo anterior ha puesto en evidencia la fragilidad de las instituciones judiciales frente a la corrupción.
El factor multidimensional en el ciclo social parece fácil. El acceso a programas de salud va a asegurar una población más sana y mejor rendimiento educativo. Cuanto mayor sea la calidad profesional, más posibilidades habrá de acceder a empleos mejor calificados y remunerados y, por consiguiente, habrá más ingresos fiscales y menores posibilidades de recurrir a prácticas delictivas para sobrevivir.
Dispersión. Centroamérica es el típico ejemplo de poca unificación institucional, cuyos planes nacionales se prolongan la misma cantidad de tiempo que el gobierno de turno y una concepción de seguridad “integral” muy distante de la que precisa la epidemia de violencia regional.
Los índices delictivos no corresponden a un incumplimiento de la sociedad, sino de Estados poco flexibles y con escasa capacidad de interlocución. La inseguridad no nace en la criminalidad, sino desde los problemas de la base social, que continuarán afectando la convivencia si solo se abordan con políticas represivas.
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El autor es internacionalista.