Como si no estuviéramos mal, unos cuantos diputados adoptan la bandera del secretismo para no dar razones para votar contra la reelección de un magistrado de la Sala Constitucional. No solo demuestran un pendejismo lesivo, como lo calificarían nuestros abuelos y bisabuelos, sino que pretenden darnos la espalda a nosotros, los ciudadanos, quienes los pusimos ahí no para discursos inútiles ni timoratos, de misterio nefasto, sino para que actúen con hidalguía y transparencia.
Columna vertebral. El Poder Judicial es la columna fundamental sobre la cual se sustenta nuestro sistema democrático, por cuanto controla y decide sobre la constitucionalidad de las normas y resuelve conflictos con carácter de cosa juzgada. Cumple el principio —aunque a veces a medias— de justicia pronta, cumplida, sin denegación y de conformidad con las leyes (artículo 41 de la Constitución). Aunque la justicia no sea perfecta y tenga sus ojos vendados para ajustarse al principio de imparcialidad, nosotros los gobernados no somos ciegos ni queremos serlo, sobre todo, en estos tiempos de crisis.
La democracia es participativa y nuestras voces deben ser escuchadas: ¡No al secretismo deleznable, diputados! Están obligados a rendirnos cuentas claras de sus actuaciones. Ustedes no son los dueños del poder y deben actuar conforme a nuestra voluntad, no sujetos a prácticas muy peligrosas para esconder posiciones nada agradables.
Cuerpo sagrado. La integración de la Sala Constitucional es sagrada, así como la independencia judicial. Quienes secundan los secretos parecen ser quienes quieren torcerle el brazo a la dama justicia con el fin de dirigir, según sus intereses muy particulares, el pronunciamiento jurisdiccional al mejor estilo de las dictaduras.
¿Qué les pasa que han perdido el norte? No tienen idea de lo que cuesta forjar la cultura jurídica de un magistrado y, sobre todo, del tribunal constitucional costarricense. Déjense de amenazas indebidas y actúen con valentía, de frente a la ciudadanía y haciendo buen uso del poder que les ha sido depositado, no cedido. Cuando ha habido necesidad de remover a un magistrado, como el caso histórico de Celso Gamboa, se le dio incluso la oportunidad de hablar. Salió de la esfera de la justicia, como era de esperar, porque, de lo contrario, nos hubiéramos levantado en una huelga nacional verdaderamente política: no a causa de intereses particulares, sino de la nación entera.
Ahora, de nuevo, a ponerse las pilas de la transparencia. No comemos cuento ya. La paciencia se nos agota. El reto aguarda.
La autora es abogada.
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