EscucharEl proyecto de ley 21603, con el cual se pretende trasladar recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), constituiría la política más regresiva de las últimas décadas.
Ciertamente, el Fosuvi posee un amplio espacio de mejora en lo referente a la focalización de los beneficiarios, la velocidad de entrega de los productos y la calidad de los proyectos de vivienda, pero tales carencias no deberían ser una justificación para debilitar una política de Estado que procura beneficiar a las clases menos favorecidas de la sociedad de manera estructural, una conquista social difícil de alcanzar incluso en algunas economías avanzadas.
Los beneficiarios del Fosuvi son personas en condición de pobreza, mientras que en el IVM cabemos todos los trabajadores sin distinción de ingresos. Estudios recientes muestran que una de las principales políticas de redistribución de la riqueza es la adquisición de activos capaces de preservar su valor en el tiempo, como lo son las propiedades y casas.
Entes internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial proponen medidas contra la desigualdad, como mejorar el acceso de la población de menos ingresos a viviendas dignas y formular una política tributaria progresiva, que grave la riqueza y los ingresos más altos, entre otras.
Sea por visión o por suerte, lo cierto es que el país cuenta desde hace décadas con un mecanismo que trata de equilibrar la balanza en favor de los menos favorecidos de la sociedad y les brinda acceso a un bien clave, que brinda no solo techo y abrigo, sino también un activo para encontrar liquidez cuando lo consideren oportuno.
Restarle recursos al programa, se entendería en un momento en que no exista necesidad; sin embargo, el déficit habitacional supera las 21.000 viviendas y el déficit cualitativo (casas necesitadas de arreglos) es cercano a 160.000.
Asimismo, si la preocupación es solventar los problemas del IVM, las soluciones deberían atacar las principales causas de su insolvencia futura. Como señala el más reciente estudio actuarial de la propia CCSS, la falta de “previsión” es lo que tiene en crisis al IVM, pues las cotizaciones fueron insuficientes durante más de 60 años.
Además, se ha hecho una distribución incorrecta de la contribución de patronos, trabajadores y Estado, pues la mayor parte debería ir al IVM y no al seguro de salud.
No estaría de más empezar a promover políticas practicadas por los países más avanzados, como lo son los ajustes automáticos de la edad de retiro, incentivos fuertes para aumentar la tasa de natalidad, entre otras, que ayuden a resolver el problema de insolvencia por el que atraviesa el IVM.
El autor es director general de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
